Un alza prematura del SMI ralentizará el crecimiento y dañará el empleo

Para que la recuperación se produzca y pueda resultar justa es imprescindible asegurar primero su consolidación

Pese a que el Gobierno se mostró ayer “optimista” tras la reunión mantenida con los agentes sociales para comunicarles su propuesta de elevar tres años consecutivos el salario mínimo interprofesional (en un lapso de 16 meses, en realidad), no es demasiado arriesgado aventurar que la medida generará un previsible conflicto con los empresarios, contrarios a una subida este año, y que tampoco contentará a los sindicatos, que la consideran insuficiente ante un panorama de creciente inflación. Como confirmaron tanto patronal como sindicatos, la intención del Gobierno es acometer una subida de 15 euros este año, 31 euros el año que viene y otros 31 euros el siguiente, lo que supone fijar el SMI en 1.027 euros a comienzos de 2023.

Es innegable que la propuesta del Gobierno se mueve dentro de la horquilla que propuso su propio comité de expertos, nombrado por el Ministerio de Trabajo, que no solo se mostró favorable a un aumento del SMI este año, sino que planteó que esa alza fuera ya de entre 12 y 19 euros. Pero también lo es que la medida ignora la opinión del Banco de España, que publicó en junio un informe sobre el efecto contractivo en el empleo de las subidas de 2017 y 2019, y que lo hace además en un contexto de recuperación económica no consolidada, tras un año de crisis que ha hecho desaparecer miles de empresas y que ha destruido una enorme cantidad de puestos de trabajo.

Tras haber elevado el SMI un 22% en 2019, hasta 900 euros mensuales, para llevarlo hasta 950 en 2020, el presidente del Gobierno reiteró ayer su compromiso de que este alcance el 60% del salario medio en 2023 como fórmula para impulsar una recuperación económica justa. El problema es que para que la recuperación se produzca y pueda resultar justa es imprescindible asegurar primero su consolidación. La combinación de una economía todavía frágil, con grandes sectores, como el del turismo, sobre los que apenas es posible hablar de recuperación, y de un preocupante repunte de la inflación como el que se ha producido en agosto, el mayor en nueve años, constituye la peor de las coyunturas para acometer una subida de costes laborales sin que esta tenga consecuencias en la creación del empleo nuevo o en la destrucción del ya existente. Un alza prematura del SMI sobre un tejido empresarial y un mercado laboral que han experimentado el azote de una crisis histórica no combatirá la desigualdad ni la injusticia, sino que ralentizará el crecimiento y constreñirá la ocupación.