El Banco de España pide reformular las reglas fiscales europeas antes de 2023

La senda se encuentra congelada desde el inicio de la crisis Pide reglas más simples, creíbles y operativas que las actuales

Sede del Banco de España, en Madrid.PABLO MONGE

El Banco de España, aprovechando que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (UE) se encuentra congelado durante lo que queda de 2021 y también durante todo 2022, invitó este lunes a rediseñar su funcionamiento de cara a su puesta en marcha, previsiblemente ya en 2023. A grandes rasgos, el supervisor bancario señaló la necesidad “de un cambio de paradigma” en el diseño del marco de política fiscal de la Unión Europea, considerando que se debe incorporar una gobernanza mejorada de las reglas fiscales, que deberían ser “más simples, operativas y creíbles que las actuales”.

Así lo dio a conocer el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos en el documento ocasional La reforma del marco de gobernanza de la política fiscal de la Unión en un nuevo entorno macroeconómico. En él, el supervisor afirma que el hecho de que “el marco europeo de reglas fiscales se encuentre en suspenso, por la aplicación de la cláusula general de salvaguarda, y que no haya una fecha fija de vuelta a la normalidad, abre una ventana de oportunidad para la reforma”.

Las principales propuestas del Banco de España inciden en la simplificación de las reglas para dotarlas de mayor transparencia y flexibilidad, así como en la incorporación de nuevos instrumentos supranacionales de mutualización de riesgos, en particular para facilitar la absorción de perturbaciones de elevada intensidad. También insiste en que los elementos fiscales deben venir acompañados de actuaciones adicionales, tanto a nivel nacional con reformas estructurales como a nivel comunitario, para lo que se sugiere completar la unión bancaria y avanzar en la unión del mercado de capitales.

En este apartado, el Banco de España cree también que se deberían incluir elementos “supranacionales” de compartición de riesgos que permitan un funcionamiento adecuado del policy-mix entre las políticas monetaria y fiscal, con una visión conjunta del área del euro.

Pese a que este sea el momento propicio para encarar estas medidas, el supervisor advierte que existen varios retos que condicionan, en la situación actual, cualquier proceso de reforma. Entre ellos, señala que “las anclas de deuda de medio plazo deben ajustarse a las expectativas de medio y largo plazo acerca de los tipos de interés y el crecimiento potencial”.

A su vez, avisa de que las economías pueden seguir viéndose sujetas a “perturbaciones muy intensas”, lo que conlleva la necesidad de recuperar los márgenes de maniobra de la política fiscal en el medio plazo. Sobre el contexto para impulsar los cambios, el Banco de España apunta que se están evidenciando o consolidando tendencias estructurales como la digitalización, la globalización, el cambio climático o el envejecimiento poblacional, que afectan a los tipos de interés naturales y al crecimiento potencial. “El nuevo contexto macroeconómico global y la experiencia de los 25 últimos años aconsejan un cambio de paradigma en el diseño del marco de gobernanza”.

En el documento, el Banco de España también expone la conveniencia de reconsiderar el papel de las instituciones fiscales independientes a escala europea frente a las nacionales. Según argumentó, en un marco en el que los elementos supranacionales adquirieran mayor importancia, resultaría conveniente reforzar el papel de las instituciones fiscales nacionales, primera línea de control de los gobiernos, así como su coordinación con instituciones similares a escala europea.

También anima a repensar los modelos de corrección cuando un país se desvía de la senda. Hoy, sostiene el supervisor, “las actuales reglas fiscales prevén mecanismos para corregir los niveles de déficit o de deuda excesivos, pero no para corregir actuaciones nacionales incompatibles con el alcance del tono fiscal deseado a nivel agregado”.

Rediseño

El pasado mes de junio la Comisión Europea propuso oficialmente a los Estados miembros congelar durante todo el año 2022 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya en suspenso durante 2021 a raíz de la crisis del Covid. La prórroga de la suspensión de estas reglas, que establecen límites del 3% al déficit y del 60% a la deuda pública de los Estados, permitirá a los socios seguir impulsando medidas de estímulo a sus economías y traerá consigo, a su vez, el debate sobre una posible reformulación del pacto, que muchos socios, incluyendo España, consideran anticuado. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha asegurado en varias ocasiones que las reglas “no responden, en la práctica, a la realidad de la economía española y de otras europeas. No se adaptan a la realidad económica y financiera actual, que ha evolucionado mucho desde que se pusieron en pie”, en 1997.