Batalla judicial

Duff & Phels niega ante la jueza que las antiguas plantas de Alcoa sean insolventes

El actual propietario aporta un informe pericial de la consultora para defenderse

Protestas de los trabajadores de Aloca en una de las plantas.
Protestas de los trabajadores de Aloca en una de las plantas. EFE

La batalla judicial por las antiguas plantas de Alcoa se saldó el miércoles con las declaraciones de varias de las partes involucradas ante la jueza que instruye el caso en la Audiencia Nacional y con un informe de Duff & Phels encargado por Grupo Riesgo, el actual propietario, que asegura que los negocios “no se encuentran en estado actual o inminente de insolvencia”. Los interventores judiciales señalan que “no es en absoluto descartable” que esto sea así.

Ya están vistas las partes. Se espera que la jueza tome una decisión en las próximas semanas sobre el futuro de las antiguas plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés, propiedad desde abril del año pasado de Grupo Riesgo. Cada parte esgrime sus documentos.

Los interventores piden que se remueva a los actuales gestores. Aducen que no se les entregó en tiempo y forma el documento con las “políticas, directrices, instrucciones y normas internas de procedimiento” y apuntan a una posible situación de insolvencia y a un eventual plan de descapitalización. Los propietarios rebaten estas acusaciones con un informe de Duff & Phels, al que ha tenido acceso CincoDías, que niega los dos últimos extremos.

Fuentes próximas a Grupo Riesgo señalan su satisfacción tras la vista, una vez que han hecho entrega a la jueza de la documentación. Esta, a su juicio, revela que no existen ni pruebas ni indicios para que se acuerde el cese de los administradores.

El asunto está judicializado casi desde que el actual dueño adquirió las plantas por 13 millones en abril del año pasado a la sociedad suiza Parter, que, a su vez, las había adquirido en julio de 2019 por un el simbólico precio de un dólar. El gran problema es que, para pagar, Riesgo empleó dinero de la propia empresa en una transacción plagada de irregularidades, el motivo principal de que la jueza admitiera en diciembre una querella contra varios implicados en la operación, incluido Víctor Rubén Domenech, que controla Grupo Riesgo, así como contra Alcoa y contra Parter.

El actual dueño se ha comprometido a devolver la mencionada cantidad siempre que la juez permita que siga al frente de la gestión de las dos plantas, compromiso que asegura que avalará con garantía en el plazo de 20 días, según publicó CincoDías el pasado miércoles. Enfrente tiene a los interventores judiciales, que supervisan toda la operativa en las fábricas, después de que así lo acordara la jueza en abril, y que solicitan a la Audiencia Nacional el cese de los administradores de Grupo Riesgo.

El informe de los interventores señala un posible plan para descapitalizar las sociedades dueñas de las plantas y avisa de que “no resulta en absoluto descartable que al menos las sociedades Alu Ibérica LC, S.L. y Alu Ibérica AVL, S.L. puedan encontrarse en una situación de insolvencia”. Además, avisa de que ninguna de las sociedades intervenidas ha entregado los documentos fundamentales para la gestión de las plantas que les habían requerido.

La situación financiera

  • Duff & Phels descarta la posibilidad de que las sociedades estén en insolvencia o puedan estarlo de manera inminente, después de haber revisado su posición de tesorería –iniciaron junio con una caja de 17 millones y concluyeron el mes con 16,5 millones–y las previsiones de cobros y pagos para el mes pasado, así como su balance a cierre de marzo.
  • Los autores del informe pericial encargado por los actuales propietarios concluyen que “la situación financiera y patrimonial actual de las sociedades es mejor que la que tenían en los últimos ejercicios, puesto que tienen un fondo de maniobra positivo por importe de aproximadamente 10 millones de euros, y un pasivo corriente por importe de 32 millones de euros, frente a los 108 millones de euros al cierre del ejercicio 2018”.
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