La Eurocámara pide reformar las reglas fiscales antes de reactivarlas

El Parlamento europeo pide suspender la entrega de fondos a Hungría por sus leyes homófobas

El Parlamento Europeo.Efe

El Parlamento Europeo pidió este martes que la Unión Europea (UE) actualice sus normas de control del déficit y la deuda públicos antes de volver a aplicar las reglas, que llevan suspendidas desde marzo pasado para facilitar una respuesta económica contundente a la pandemia.

En un informe aprobado en pleno por 461 votos a favor, 94 en contra y 133 abstenciones, los parlamentarios consideran además que la revisión de estas normas "no debe minar la recuperación económica sugiriendo prematuramente una retirada del apoyo" a la economía.

Por el contrario, consideran que debería reforzar una recuperación "sostenible, inclusiva, verde y digital", así como tener en cuenta las diferentes situaciones entre los distintos estados miembros y atajar los desequilibrios macroeconómicos que afrontan algunos países.

Los eurodiputados llaman a preservar condiciones de financiación favorables, pero al mismo tiempo subrayan la importancia de mantener "políticas fiscales sostenibles, así como trayectorias de deuda y déficit que aseguren sendas creíbles para la reducción de la deuda, incluyendo ritmos específicos para cada país" a la hora de rebajarla.

Las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige a los Estados miembros mantener el déficit público por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB) y que la deuda pública no supere el 60 % del PIB, se suspendieron en marzo de 2020 para permitir a los países gastar lo necesario frente a la pandemia, aunque ello supusiese saltarse la disciplina fiscal.

La Comisión Europea ha decidido que se mantendrán suspendidas durante este año y el próximo para seguir respondiendo a la crisis y que se reactivarán en 2023.

En paralelo se llevará a cabo una revisión de las reglas, consideradas en general demasiado complejas de medir y aplicar, que ya estaba prevista antes de la pandemia, pero quedó relegada por ella.

El Ejecutivo comunitario prevé reiniciar en otoño -previsiblemente cuando hayan pasado las elecciones alemanas de septiembre- este debate, que genera importantes divisiones entre los países acentuadas a raíz de la pasada crisis financiera.

"Las reglas actuales son complejas, obsoletas y muy difíciles de interpretar. Aplicarlas no solo minaría la recuperación económica y social, sino que obstaculizaría las necesarias inversiones en las transiciones digital y ecológica que Europa necesita", dijo en un comunicado la ponente del informe, la portuguesa Margarida Marques.

La eurodiputada socialista subrayó que las circunstancias han cambiado desde que se concibieron estas reglas en el Tratado de Maastricht por lo que deben ser revisadas y orientarse al futuro, de modo que las nuevas normas sean "más simples y más flexibles para asegurar la sostenibilidad de la deuda y promover el crecimiento económico a largo plazo con la apropiada inversión pública y privada".

La Junta Fiscal Europea, un órgano independiente que asesora a la Comisión, recomendó también la semana pasada terminar la reforma antes de reactivar las reglas y los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) debatirán su informe en una reunión el lunes.

Dejar las normas en "el limbo", advirtió la Junta, "alimentaría las dudas sobre el compromiso de los gobiernos con la sostenibilidad de la deuda", minaría la credibilidad del marco fiscal y dificultaría la elaboración de las políticas macroeconómicas.

Castigo a Orban

En paralelo, el Pleno del Parlamento europeo ha expresado este jueves su "firme condena" de la controvertida ley húngara que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ en el marco de una norma contra la pederastia y la protección del menor, por lo que ha reclamado acciones legales contra el Gobierno de Viktor Orban y asegurar que no se destinan fondos europeos a proyectos que violan los derechos fundamentales.

Los eurodiputados ven en la norma anti LGTBIQ "un ejemplo intencionado y premeditado más del desmantelamiento gradual de los Derechos fundamentales en Hungría", según el texto adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), con una amplia mayoría de 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones.

En contra han votado el grupo de Conservadores y Reformistas, incluido Vox, y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID), mientras que el Partido Popular español se ha abstenido en bloque a excepción de Esteban González Pons, quien ha apoyado la resolución como la mayoría del Partido Popular Europeo.

En el texto, la Eurocámara alerta de que las acciones patrocinadas por el Estado contra el colectivo LGTBIQ y otras campañas de desinformación no son un hecho aislado sino que se han convertido en herramientas habituales para imponer "censura política" en el país.

De este modo, los eurodiputados temen que esta sucesión de "violaciones de los Derechos Humanos" forme parte de una agenda política más amplia con la que Orban busca el "desmantelamiento de la democracia y del Estado de derecho", por lo que debería considerarse una "violación sistemática" de los valores de la UE.

El documento aprobado por la Eurocámara señala la alarma ante prácticas como la modificación de la Constitución para especificar que "la madre es una mujer y el padre es un hombre" o la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales.

Ante esta situación, el pleno del Parlamento europeo expresa su compromiso firme con la defensa de los derechos de los niños y recalca que la tolerancia, la aceptación y la diversidad deben ser principios rectores a la hora de asegurar el respeto del interés superior de los menores.

Por todo ello, los eurodiputados reclaman medidas legales urgentes para proteger los derechos de los europeos en Hungría, incluido la petición de medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE y la imposición de sanciones si persiste el incumplimiento.

También piden a los Estados miembros que lleven el caso ante el Tribunal si la Comisión no actúa, y plantean la presentación de una demanda inter-estatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Finalmente, la Eurocámara defiende que la situación en Hungría permite actuar en el marco de la condicionalidad que prevé el presupuesto europeo para congelar fondos en caso de que el país receptor vulnere el Estado de derecho y pone en duda que el plan de recuperación presentado por Budapest para recibir ayudas del fondo postCovid respete las reglas de la UE.