Bruselas estrecha el control sobre los bonos verdes y vigilará a los asesores de rating sostenible
Crea un sello estándar para estas emisiones con el fin de darles más calidad y garantizar su finalidad medioambiental
La Comisión Europea ha lanzado hoy nuevas propuestas de regulación de las finanzas sostenibles, un área en la que pretende a ser líder mundial y en la que la UE ya ha tomado la delantera frente a Estados Unidos. Las nuevas iniciativas están encaminadas a combatir el blanqueamiento de la sostenibilidad o greenwashing y siguen en la línea de avanzar en que los productos financieros y empresas que se califican como responsables realmente lo sean.
Por un lado, la Comisión ha propuesto un reglamento para establecer un marco estándar para la emisión de bonos verdes, con el objetivo de que los “inversores que compren los bonos podrán ver más fácilmente que sus inversiones son sostenibles, reduciendo así el riesgo de blanqueo ecológico”. Y los emisores de bonos verdes tendrán “una herramienta sólida para demostrar que están financiando proyectos ecológicos acordes con la taxonomía de la UE”, la clasificación de qué actividades se consideran realmente sostenibles, según recoge el comunicado difundido hoy.
El uso de este sello verde para las emisiones de bonos será voluntario y está dirigido tanto a emisores privados como soberanos, entre los que se incluye a la propia Comisión Europea. No en vano, el 30% de los 800.000 millones de euros de deuda que emitirá le UE hasta 2026 para financiar la recuperación europea tendrá el sello de sostenible.
La propuesta lanzada hoy por Bruselas, y que ahora debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo, también pone el foco en un elemento clave para garantizar la autenticidad del sello verde de los bonos, el papel de los asesores externos que conceden el rating sostenible. Así, todos los bonos verdes de la UE tendrán que estar sometidos al control de un revisor externo, con el fin de garantizar que los proyectos que financian se ajustan a la taxonomía. Además, esos revisores o calificadores externos deberán estar registrados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la CNMV europea. “Esto garantizará la calidad y fiabilidad de sus servicios y revisiones para proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado”, añade la Comisión.
En la actualidad existe un amplio grupo de asesores externos que conceden rating de sostenibilidad a las emisiones de deuda y a los productos de inversión sostenible, sin que haya un estándar homogéneo de criterios. Así, se puede dar la paradoja de que por ejemplo uno de estos asesores pueda calificar como sostenible a una petrolera y otro no. Con la propuesta lanzada hoy por Bruselas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) se encargará de vigilar su labor y podrá establecer sanciones desde los 20.000 euros a un máximo de 200.000 euros a aquellos asesores externos que avalen de forma intencionada o negligente una emisión verde que en realidad no lo sea.
Los bonos verdes registraron un verdadero boom el año pasado y su pujanza continúa este año, a medida de las instituciones y las empresas avanzan en los objetivos de neutralidad en emisiones contaminantes. Solo en lo que va de año, el volumen de emisiones sostenibles ya ha superado en Europa a todo lo emitido en este tipo de activo en el año pasado. Así, Bruselas calcula que la UE necesitará al menos 350.000 millones de euros adicionales en inversiones cada año para cumplir sus objetivos climáticos, que pasan por reducir un 55% sus emisiones contaminantes para 2030 en relación con 1990 y por alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, de modo que se emita solo lo que se pueda absorber.
Aun así, y pese a que las emisiones de bonos verdes se han multiplicado por cinco en la UE, este tipo de deuda solo representa en la actualidad el 2,6% del volumen total de emisiones europeas. Con su propuesta de regulación, Bruselas pretende sentar las bases del despegue a futuro que se espera para los bonos verdes y convertir a la UE en polo de referencia de la financiación sostenible. Ya en 2020, el 51% de las emisiones verdes privadas y soberanas fueron de emisores de la UE.
Por otro lado, la Comisión ha presentado hoy también detalles sobre la información que las empresas deben facilitar a los inversores sobre el impacto medioambiental de sus activos y actividades económicas. Especifica el contenido, la metodología y la presentación de la información que deben divulgar sobre la proporción de sus actividades empresariales, de inversión o de préstamo que se ajusten a la taxonomía de la UE.
Las sociedades no financieras tendrán que revelar la proporción de su volumen de negocios, su capital y sus gastos operativos asociados a actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.
La Comisión quiere asimismo que los productos de inversión sostenibles sean accesibles también a los minoristas, por lo que estudiará las posibilidades en cuanto a los préstamos o las hipotecas "verdes", por ejemplo, aquellas sobre viviendas con alta eficiencia energética. Aunque no hará todavía una propuesta al respecto, Bruselas pedirá a la Autoridad Bancaria Europea adelantar sus estudios sobre estos productos a 2023, en lugar de a 2025, como estaba previsto hasta ahora, según señala Efe.
Sobre la firma