El Consejo de Ministros aprueba el endurecimiento de la jubilación anticipada

En el paquete de medidas se incluye, además, la revalorización de las jubilaciones según el IPC y el aumento de las bonificaciones para quien desee retrasar su retiro El factor de sostenibilidad queda derogado. El Gobierno y los agentes sociales aún deben de pactar cómo será la herramienta que lo sustituirá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer paquete de reforma de las pensiones acordado entre el Ejecutivo y los agentes sociales. En él se incluyen, entre otras medidas, la revalorización de las jubilaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año previo; el aumento de las bonificaciones para aquellos que decidan retrasar su retiro y un endurecimiento de los coeficientes reductores para los que opten por jubilarse antes. Además, el Estado pasará a pagarle unos 22.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social para ayudar al mantenimiento y a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"Este es un Gobierno comprometido con el diálogo social, que quiere conseguir el máximo consenso en las medidas y reformas. Era prioritario dar tranquilidad y confianza a nuestros pensionistas. No se trata solo de lograr el mantenimiendo del poder adquisitvo [de las pensiones] a corto plazo, sino a también a 20 o 30 años", ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Uno de los objetivos del Gobierno con esta reforma es acercar la edad real de jubilación a la legal, incrementando la bonificación por cada año que el trabajador decida retrasar su retiro, hasta el 4%. Además, se incluye la posibilidad de que el trabajador, en lugar de ese aumento porcentual de su pensión, escoja cobrar un pago único extra por cada año que retrase la jubilación, que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros, dependiendo del importe de la pensión y de la cantidad de tiempo cotizado.

Para complementar esta medida, se endurecerán las penalizaciones a la jubilación anticipada. De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante la jubilación, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido.

Estos mecanismos serán diferentes en el caso de pensiones con bases de cotización superiores a la máxima, para los que habrá un periodo de transición de diez años a partir de 2024. Para estos pensionistas la penalización máxima, es decir, la del 21%, se aplicaría en 2033, cuando finalice dicho periodo transitorio.

Por último, se deroga el factor de sostenibilidad incluido por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma del 2013, que ligaba la cuantía de la pensión a la evolución de la esperanza de vida. Ejecutivo y agentes sociales se han dado de plazo hasta el próximo 15 de noviembre para negociar la nueva herramienta que lo sustituirá, que se denominará mecanismo de equidad intergeneracional. La intención del Gobierno es que se introduzca en la ley, que se prevé que entre en vigor en 2022, vía enmienda.

En relación a este nuevo mecanismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, generó una gran polémica la semana pasada con los agentes sociales, al asegurar que la generación del baby boom (los nacidos entre los 50 y mediados de los 70) deberá elegir entre trabajar más o cobrar un poco menos de pensión. Poco después, Escrivá se desdijo de sus palabras, indicando que no había sido su mejor día. "El ministro ha hecho unas reflexiones sobre diferentes vías de lo que se puede hacer. Hay muchos mecanismos, alternativas y las queremos disctutir todas", ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes.

Para el año que viene quedan temas más difíciles de negociar con los agentes sociales, como el cambio en el periodo de cómputo de los años trabajados, para así adaptar el sistema a las nuevas carreras profesionales de los jóvenes, más discontinuas y precarias; o el destope de las bases de cotización y el aumento de las pensiones máximas.

Calviño deja en el aire la subida del salario mínimo

La ministra de Economía ha vuelto a insistir este martes en que la prioridad del Ejecutivo es recuperar la actividad económica y el empleo, antes que subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa actualmente en los 950 euros. "Vamos a ir viendo cómo evoluciona el mercado laboral en la segunda parte del año", ha dicho Calviño. Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha evitado establecer algún tipo de fecha a partir de la cual sería posible aumentar el SMI, incluso más allá de este año.

"Todo el Gobierno está absolutamente comprometido con el aumento del SMI. Lo hemos demostrado no solo con palabras sino con actos. Nuestra prioridad es impulsar la recuperación económica y el empleo. Esperamos que cuanto antes podamos volver a esa senda de incremento", explicó la titular de la cartera de Economía.