La reforma de las pensiones busca retrasar dos años la edad real de jubilación para 2050

Gobierno y agentes sociales pactan derogar el factor de sostenibilidad

Deberán diseñar su sustitución antes de fin de año para añadirlo a la ley

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

Gobierno y agentes sociales alcanzaron este lunes un esperado acuerdo sobre la reforma de las pensiones, que supondrá el endurecimiento de las penalizaciones a la jubilación anticipada y un aumento (del doble, del 2% al 4%) de las bonificaciones por cada año que el trabajador continúe en activo. De esta forma, según indican fuentes del Ejecutivo, para 2050 el Gobierno busca retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 64 años y medio. La legal, que ronda los 66 y llegará a 67 en 2027, no se altera. El pacto aún debe ser ratificado por los órganos de CEOE, que lo votarán este martes.

Además, en el pacto alcanzado ayer con sindicatos y patronal, figura la derogación del factor de sostenibilidad impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de 2011. Será sustituido por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por determinar, y sobre el que el Ejecutivo y los agentes sociales aún no han comenzado a discutir, según explican fuentes del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad Social han puesto de fecha límite el 15 de noviembre para pactar la nueva herramienta, que entraría en la reforma de las pensiones vía enmienda. El Gobierno pretende que la nueva ley comience a debatirse en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre y quede aprobada a finales de año.

El acuerdo alcanzado también contempla la revalorización de las pensiones según el Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual. Esto y la derogación del mencionado factor de sostenibilidad, que según los sindicatos conllevaba una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, eran las principales demandas de los representantes de los trabajadores en estas negociaciones, que han durado meses.

La nueva prestación

Las penalizaciones por el adelanto de la pensión serán mensuales y sobre la propia pensión, es decir, no se aplicarán sobre la base de cotización. De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante la jubilación, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido.

Estos mecanismos serán diferentes en el caso de pensiones con bases de cotización superiores a la máxima, para los que habrá un periodo de transición de diez años a partir de 2024. Para estos pensionistas la penalización máxima, es decir, la del 21%, se aplicaría en 2033, cuando finalice dicho periodo transitorio.

Por otro lado, habrá una bonificación del 4% por cada año trabajado para aquellos que decidan retrasar la jubilación, o un pago único extra que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros, dependiendo del importe de la pensión y de si el trabajador ha superado o no los 44 años y medio cotizados.

Por último, en el texto se establece que el Estado realizará una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones, que rondará el 2% del Producto Interior Bruto, según explicó Comisiones Obreras en un comunicado. “Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional, que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050”, dijeron desde el sindicato.

Uno de los objetivos que busca Escrivá con la nueva reforma es el traslado de los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social (que según el ministro ascienden a unos 18.000 millones de euros) a Hacienda y así acabar con el famoso déficit de las arcas de la Seguridad Social. Con esta medida se prevé preparar las cuentas para la entrada de la generación del baby boom en la jubilación. De esta forma termina la primera parte de la reforma de las pensiones. Sin embargo, para el año que viene quedarían temas delicados, como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.

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