Gobierno y agentes sociales aspiran a pactar este lunes la reforma de las pensiones

El texto está listo a falta de flecos tras el acuerdo para derogar el factor de sostenibilidad

Una jubilada espera a sumarse a la manifestación convocada por el movimiento de pensionistas, donde este lunes han recorrido las calles de Bilbao.
Una jubilada espera a sumarse a la manifestación convocada por el movimiento de pensionistas, donde este lunes han recorrido las calles de Bilbao. EFE

Este lunes se producirá la esperada reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales en la que las partes aspiran a sellar un pacto sobre el primer paquete de reforma de las pensiones comprometido con Bruselas. En él, tal y como adelantó este medio, se incluye la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por determinar, que entraría en vigor en 2027. Inicialmente, las partes iban a darse un año para aprobar el nuevo mecanismo, pero finalmente ese plazo se ha reducido a cinco meses para así incluir la nueva herramienta en el proyecto de ley que el Ejecutivo prevé firmar antes de que termine 2021.

Atado este punto, parece haber llegado el momento del pacto que Gobierno y sindicatos llevaban semanas dando por “inminente”, pero al que la CEOE había puesto paños fríos, a pesar de señalar que las tratativas estaban “muy avanzadas”. “La música [de las negociaciones] suena bien, pero la letra todavía vamos a ver hasta dónde llega”, dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la Asamblea General de la organización celebrada la semana pasada.

“Estamos cerca del acuerdo y esto conllevaría necesariamente la derogación del factor de sostenibilidad”, aseguró ese mismo día Unai Sordo, secretario general de CC OO, en otro acto. De esta forma, los sindicatos obtendrían una de sus principales peticiones, que era quitar este mecanismo, incluido en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy, que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.

Su otra gran demanda era la vinculación del cobro de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según el borrador del anteproyecto de ley, las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las prestaciones no se reducirían, se mantendrían igual.

Además, en el pacto se contempla una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación. Si el trabajador lo desea, dicho porcentaje podrá sustituirse por un cobro único que estará determinado por el importe de la pensión y el tiempo cotizado. Esto supondrá que una persona con una jubilación de 9.569 euros (683 euros al mes) podrá optar a una prima de 4.786,27 euros. Los que tengan una pensión de 37.567 euros (el máximo) y hayan cotizado más de 44 años y medio, tendrán derecho al integro de un pago de 12.060,12 euros por cada año que decidan demorar su jubilación.

Otra de las medidas que el Ejecutivo aprobará para lograr su objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva será la implantación de penalizaciones a la jubilación anticipada. Así, por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización, cuya suma oscilará entre el 2,81% y el 21%.

Quedan fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. Estos puntos serán tratados en la segunda parte de la revisión del sistema de pensiones, que está previsto que se apruebe el próximo año.

El siguiente paso: la reforma laboral

La siguiente gran negociación en la mesa de diálogo social será la de la reforma laboral, pero las posiciones, de momento, están demasiado lejanas. “Yo la denomino contrarreforma laboral”, dijo con ironía Garamendi la semana pasada, quien aseguró que la CEOE tiene “una posición frontal”, debido “a la ideología” de los papeles enviados por el Gobierno. Por su parte, desde el Ejecutivo urgieron a alcanzar ya un acuerdo en esta materia que permita “dar seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores”.

Normas
Entra en El País para participar