El Gobierno prevé derogar ya el factor de sostenibilidad de las pensiones
Se da un año para sustituirlo por un “mecanismo de equidad intergeneracional” Ejecutivo y sindicatos confían en cerrar un pacto esta semana
El factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este mismo año por el Ejecutivo en su ley para la reforma de las pensiones que está negociando con sindicatos y patronal. Así figura en el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que Seguridad Social envió a los agentes sociales esta semana, y al que ha tenido acceso CincoDías. En su sustitución, el Gobierno “establecerá, en el plazo de 12 meses, y previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”. “Este nuevo mecanismo deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”, indica el texto.
El acuerdo, que podría oficializarse esta misma semana según prevén fuentes sindicales y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contemplará a su vez una batería de medidas, entre las que destacan la revalorización de las pensiones según el IPC; una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación, y una penalización por cada mes que se anticipe la jubilación que irá desde el 2,81% hasta el 21%.
Este paquete de medidas, que entraría en vigor el próximo 1 de enero, es solo el primero de los dos con los que el Gobierno prevé reformar las pensiones. El Ejecutivo pospone así para el año que viene temas espinosos como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.
De momento, el plan establece que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el índice de precios al consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual.
El plan incluye penalizar el retiro anticipado y bonificar su retraso
Por su parte, el aumento al 4% (actualmente es un 2%) de la pensión por cada año que el trabajador retrase su jubilación, podrá sustituirse por un cobro único que estará determinado por el importe de dicha pensión y el tiempo cotizado. Esto supondrá que una persona con una jubilación de 9.569 euros (683 euros al mes) podrá optar a una prima de 4.786,27 euros. Los que tengan una pensión de 37.567 euros (el máximo) y hayan cotizado más de 44 años y medio, tendrán derecho al integro de un pago de 12.060,12 euros por cada año que decidan demorar su jubilación.
Otra de las medidas que el Ejecutivo aprobará para lograr su objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva será la implantación de penalizaciones a la jubilación anticipada. Esto supondrá que para una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su jubilación dos años, su pensión se verá reducida en un 21%. Dicha penalización será mensual, es decir, irá aumentando por cada mes que se adelante la jubilación (un solo mes ya supone una reducción del 3,26%). Para los que hayan cotizado hasta 41 años y cinco meses, dicha reducción oscilará entre un 19% y un 3,11%.
Para aquellas personas que se vean empujadas a jubilarse como resultado de un despido, se establece un sistema de penalizaciones por anticiparse hasta en cuatro años a la edad legal de retiro, que reducirá la pensión entre un 30% y un 0,5%, en función de los meses en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado.
Por último, en la nueva ley se establece que el Estado realizará una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones. La ley contempla a su vez que, cada año, en los Presupuestos Generales del Estado se fijará qué prestaciones serán financiadas con dicho pago que hace el Estado.
De hecho, uno de los pilares de la reforma que ultima el ministro José Luis Escrivá es culminar la separación de fuentes de financiación, para derivar a Hacienda los llamados “gastos impropios”, lo que permitiría acabar con el déficit de la Seguridad Social en los próximos tres años (si bien el agujero pasaría a computar dentro de la Administración central). Con esta medida se prevé preparar las cuentas para el terremoto que supondrá la jubilación de la llamada generación del baby boom, cuyo efecto se buscará paliar con el segundo paquete de reformas previsto para 2022.
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