La industria electrointensiva reclama más ayudas por los sobrecostes del CO2
Pide que se eleven a 220 millones, frente a los 79 presupuestados por el Gobierno
Al Gobierno le crecen las críticas por su política energética. La industria electrointensiva (agrupada en AEGE) le reclama que eleve las ayudas para compensar los sobrecostes por CO2 hasta 220 millones de euros, frente a los 79 millones presupuestados, cifra muy alejada de las de países como Francia (350 millones) o Alemania (878 millones).
Según cálculos de la asociación de empresas con gran consumo de energía, el precio eléctrico final para la industria electrointensiva será este año de 77 euros el megavatio hora (MWh), más del doble que en Francia, lo que supone que las empresas del sector tengan que pagar por la luz 1.000 millones más que sus competidoras.
En este contexto, AEGE advierte de que esta situación está mermando la disponibilidad de ingresos de los electrointensivos para afrontar con garantías el reto de la descarbonización en el que están “firmemente comprometidos”.
En 2020, la compensación del CO2 indirecto del ejercicio de 2019 fue de 61 millones, frente a los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán, según la misma fuente, que subraya que dichas ayudas solo supusieron el 4,97% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión (1.225 millones). El Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a elevar la cantidad siempre que haya presupuesto.
“Confiamos en que nuestro Gobierno sea sensible y ponga solución a este problema que arrastramos desde hace más de un lustro. Los 79 millones aprobados suponen solo un 6,37% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, que alcanzaron los 1.240 millones. Esta situación perjudica la recuperación de la industria y el empleo”, lamenta AEGE. En definitiva, pide para este año ayudas de 220 millones de euros de los 1.240 millones recaudados por la subasta, lo que supone el 18% de los ingresos, que aun así seguiría lejos del 25% que permite Bruselas.
Recorte del Gobierno
Por otro lado, Moody's ha advertido de que el recorte de unos 1.000 millones de euros que pretende aplicar el Gobierno por la sobrerretribución a las energías nuclear e hidráulica tendrá un impacto negativo en el perfil crediticio de las eléctricas, aunque considera que será “modesto”.
La agencia de calificación señala en un informe que se producirá un debilitamiento en sus ratios de apalancamiento, “debilitando gradualmente las métricas de Enel (Baa1 y estable) –matriz de Endesa–, Iberdrola (Baa1 y estable), Naturgy (Baa2 y estable) y EDP (Baa3 y positivo). Asimismo, cree que se introduce un riesgo “asimétrico”, ya que parece que “esencialmente todo el alza de los aumentos del precio de la energía mayorista impulsados por el precio del CO2 se recuperaría, mientras que las compañías asumirían todo el riesgo a la baja del precio mayorista de la energía”.
Además, Moody's ve un riesgo en la disminución de la visibilidad del flujo de caja. Igualmente, duda sobre la certeza del Gobierno de que el mecanismo propuesto sea compatible con la legislación europea, lo que “ilustra el riesgo de intervención política”. Mientras, la ministra para la Transición Ecológica, dijo en Telecinco que la rentabilidad de las energéticas “está muy por encima de la de otros negocios a costa de los consumidores domésticos”.
Sedigas carga contra el fondo de las renovables
Sedigas, la patronal gasista, considera que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que el Gobierno prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables (en torno a 7.000 millones anuales), amenaza la “viabilidad” de la industria española. En un manifiesto, que no comparten Iberdrola y Endesa, apuntan que la implantación del denominado fondo verde representa un obstáculo en sus propios esfuerzos de descarbonización del sector.
