La revolución de la tecnología 5G

La subasta del espectro de 700 MHz ha incluido una consulta pública, y se lanza con precios de salida rebajados y concesiones de duración ampliada

Una de las primeras decisiones que tomé al llegar al Ministerio en 2018 fue la publicación de la hoja de ruta para la puesta a disposición del espectro necesario para el despliegue de la tecnología 5G en nuestro país. Desde entonces, hemos ido dando los pasos necesarios para completar este proceso, que se conoce como Segundo Dividendo Digital, sin incidencias a pesar a las dificultades derivadas de la pandemia.

El 5G, la quinta generación de telefonía móvil, ofrece unas características que la convierten en un elemento disruptivo de primer orden en el proceso de transformación digital. No se trata simplemente de una mejora en la rapidez de transmisión de la voz o los datos para los clientes finales, sino de un salto cualitativo en cuanto al volumen de información, la inmediatez y la densidad de dispositivos conectados que, junto con el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos, puede tener un enorme impacto económico y sobre la vertebración territorial al propiciar innovaciones tecnológicas y aumentos de productividad en el conjunto de los sectores productivos que cambiarán profundamente la forma de producir bienes y prestar servicios y el diseño de los modelos de negocio, transformando también la forma en que vivimos.

Por eso, el impulso de la tecnología 5G figura como una de las prioridades de la Agenda Digital del Gobierno y del Plan de Recuperación presentado a las autoridades europeas, para utilizar este cambio tecnológico como una de las palancas principales de modernización del conjunto de la economía. Así, el Plan prevé una inversión pública de 1.400 millones de aquí a 2023 con el fin de lograr cobertura 5G ininterrumpida en las principales carreteras y ferrocarriles del país, núcleos de población y polígonos industriales, y de impulsar el uso de nuevas aplicaciones en sectores como el agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio, incluida la posibilidad de redes dedicadas para empresas. El Plan se complementará con una inversión privada estimada en 6.000 millones.

Afortunadamente, España cuenta con un punto de partida muy favorable para estar entre los líderes europeos en este cambio tecnológico. En primer lugar, por la extensa y sólida red de banda ancha y de infraestructuras digitales con la que contamos, tras décadas de importantes inversiones públicas y privadas en conectividad, que se verán reforzadas gracias a las inversiones de 2.320 millones previstas en el Plan para los próximos tres años, con las que conseguiremos que el 100% de la población española cuente con conexión de alta velocidad en 2025.

Además, somos uno de los países europeos con mayor número de proyectos piloto 5G en marcha, tras las ayudas públicas de 60 millones en 2019 y 2020 a una decena de proyectos que están permitiendo explorar casos de uso en sectores económicos tan diferentes y estratégicos como el turismo, la movilidad autónoma, la educación, la sanidad, la seguridad o el entretenimiento.
Somos el país de la UE en el que el acceso a las capacidades de la tecnología 5G llega a más ciudades. Y los operadores de telecomunicaciones anuncian cada día la puesta en funcionamiento de nuevas capacidades y el despliegue en nuevas áreas geográficas.

Ahora ha llegado el momento de dar un impulso adicional, mediante la ejecución de la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, aprobada por el Gobierno en diciembre, que será financiada mayoritariamente con cargo a los fondos europeos para la recuperación, para el despliegue de redes, especialmente en corredores de transporte (carreteras, estaciones de ferrocarril) y núcleos de población, y el apoyo a la I+D en este ámbito.

Además, y dado el enorme potencial transformador de la tecnología, el propósito es adelantar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y de población dispersa. Para que la tecnología llegue a todos, sin dejar a nadie atrás, también en la esfera digital. Si no impulsamos el despliegue en estas áreas en las que los operadores tardarían en llegar, generaríamos de nuevo la brecha digital territorial que hemos disminuido drásticamente con la aceleración del despliegue de banda ancha lograda en los últimos tres años. Como primer paso, se ha publicado una invitación a manifestación de interés dirigida a todo tipo de agentes privados y públicos, con el fin de recibir propuestas e iniciativas para alcanzar esos objetivos.

La colaboración público-privada es absolutamente clave para hacer realidad esta nueva tecnología, como lo ha sido hasta ahora para el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Con el fin de orientar la toma de decisiones de los principales operadores implicados, el Gobierno detalló el 7 de mayo las medidas previstas a corto plazo para acelerar el proceso, incluyendo la ampliación de los plazos de las licencias de espectro que podrán extenderse hasta un máximo de 40 años, frente a los 20 años actuales, y modificaciones de la fiscalidad a los operadores de telecomunicaciones. Asimismo, se diseñará un procedimiento fast-track para acelerar los permisos necesarios y agilizar, de esta manera, el despliegue de infraestructuras.

En esta misma línea, esta semana se ha lanzado la subasta del espectro de 700 MHz para adjudicar a los operadores las frecuencias necesarias para el despliegue de esta nueva tecnología. La subasta se llevará a cabo tras un proceso que, por primera vez, ha incluido una consulta pública sobre las condiciones de la licitación. También hemos intercambiado prácticas e ideas sobre las condiciones de la licitación con nuestros socios comunitarios.

Fruto de este proceso consultivo, se han rebajado los precios de salida y se han detallado con más precisión las obligaciones de cobertura, lo que, junto con la mayor duración de las concesiones, proporciona mayor seguridad jurídica y condiciones atractivas para que los operadores puedan realizar sus inversiones.

La acción del Gobierno durante estos tres años, ejecutando un plan ambicioso y marcando prioridades claras en el ámbito digital, ha sido valorada muy positivamente por el conjunto de operadores, atrayendo inversiones importantes para el futuro, como la instalación de en España de centros internacionales de excelencia en I+D+i y ciberseguridad por parte de Vodafone o Google.

El proceso de digitalización en marcha en la última década se ha acelerado como consecuencia de la pandemia, intensificando los cambios en la estructura de los mercados y la presión sobre las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías a fin de poder mantener su competitividad. Afortunadamente, gracias a las inversiones de las décadas pasadas y al trabajo de planificación y preparación avanzado en estos tres años, España dispone de los instrumentos para aprovechar este cambio tecnológico en beneficio del tejido productivo, de los trabajadores y el conjunto de la sociedad. Tenemos un plan sólido, disponemos de los recursos financieros para hacerlo realidad, y existe una excelente cooperación con los operadores privados, con objetivos compartidos en cuanto a la necesidad de acelerar la cobertura 5G en todo el territorio nacional y ponerla a disposición de ciudadanos y empresas, de modo que esta tecnología se convierta en un elemento dinamizador de la economía y un factor de vertebración social y territorial.