El Estado exigirá quitas del 80% a los acreedores de Celsa para inyectar hasta 550 millones

Los dueños de la deuda quieren tener una amplia mayoría del capital

Oficinas de Celsa.
Oficinas de Celsa.

Más de seis meses han transcurrido desde que Celsa solicitó el rescate al fondo de solvencia de la SEPI. El salvamento se ha ido retrasando, pero en los próximos días la compañía recibirá un borrador con los términos de la ayuda, que será de un máximo de 550 millones. Se emplearán para ejecutar una reestructuración de la deuda, que incluirá abultadas quitas, en el entorno del 80%, para los acreedores –en su mayoría hedge funds–, y estos, a cambio, aspiran a controlar una amplia mayoría del capital. Las fuentes consultadas indican que quieren más del 70%.

La familia Rubiralta Rubió, dueña de la multinacional siderúrgica, comenzó una batalla legal contra sus acreedores en abril del año pasado, invocando la denominada cláusula rebus sic stantibus –para modificar un contrato por causas sobrevenidas–, que le ha permitido no tener que hacer frente al pago de unos 200 millones de euros en capital e intereses. Si bien, la protección judicial, que blindaba un crédito de unos 900 millones, quedó levantada el pasado marzo por el juez número 60 de Madrid. También tiene un crédito convertible por 650 millones.

Las fuentes financieras consultadas señalan que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha hecho ya sus cálculos sobre el valor real de la deuda y apuntan que este se sitúa muy por debajo del nominal. Los acreedores son principalmente hedge funds que han comprado el pasivo a entre el 10% y el 20% del precio original. Con esa tasación va a jugar la SEPI a la hora de inyectar el dinero en la empresa. Por lo tanto, las quitas, que deberán negociarse posteriormente a la inyección del dinero público, se situarán en el entorno del 80%, según fuentes conocedoras de la situación.

Entre los dueños de la deuda aparecen los brazos de crédito con problemas de las gestoras CVC, Cross Ocean, Apollo, Goldentree y Sculptor, entre otras. También está Deutsche Bank.

Control

Fuentes financieras señalan que estos inversores, como contraprestación a una condonación de una parte cuantiosa de la deuda, exigirán controlar el capital del grupo. Hasta el momento, la familia se ha revuelto contra la posibilidad de que los acreedores se hagan con una mayoría del capital. La situación, sin embargo, todavía no ha llegado a esa pantalla, y es lógico que las posiciones de partida sean maximalistas, con una aspiración de los acreedores de controlar más del 70%. Un portavoz de los dueños de la deuda ha declinado hacer comentarios sobre esta información.

Desde Celsa, señalan que “la compañía y los fondos, hasta la fecha y a la espera de recibir la propuesta de la SEPI, simplemente están manteniendo conversaciones informales de carácter informativo a efectos de transmitir la situación del expediente de la SEPI, sin haber entrado a hablar de ningún término ni condiciones”. Se espera que en los próximos días la SEPI envíe un borrador de su propuesta de los términos del rescate (term sheet, en la jerga). El organismo cuenta con la posibilidad de entrar en el capital, con un préstamo participativo o con deuda sénior. Uno de los problemas de la entrada de la SEPI está en las garantías. El préstamo de la matriz firmado a finales de 2017 se garantizó con prácticamente el 100% de las acciones, incluso se pusieron como avales determinados inmuebles y “ciertas existencias”.

El préstamo que Celsa cerró con los bancos –que han ido vendiendo en mercado a los acreedores– por cerca de 1.500 millones, incluye, además, de los 900 millones mencionados otros 600 millones en circulante que deben ser devueltos en un único pago en 2022. Las entidades financieras ya asumieron quitas en la refinanciación de hace tres años. Por debajo de la matriz está el convertible con un nominal de unos 650 millones, pero que los acreedores también han adquirido a precio de derribo, según las fuentes consultadas.

Todo el grupo, dispuesto a aceptar los compromisos y condiciones de la SEPI

Celsa asegura que todo el grupo, incluidos todos los profesionales, está dispuesto a aceptar los compromisos y condiciones que la SEPI considere necesarias para conceder su apoyo.

De alcanzar los 500 millones, sería la mayor ayuda hasta la fecha con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia, superando a la de Air Europa, de 475 millones. El objetivo es salvar la compañía, que facturó en 2019, cuando ya arrastraba serios problemas financieros, 4.120 millones de euros, da empleo a unos 10.000 trabajadores, de los que más del 30% están en España. De entrada, Celsa cumple con todos los requisitos para que el vehículo dependiente del Ministerio de Hacienda le dé el visto bueno a su rescate.

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