La SEPI limitará el rescate público de Celsa a 550 millones como máximo
El objetivo es cerrar la operación de ayuda este mes
Celsa ha solicitado más de 700 millones de euros al fondo de recate de la SEPI, pero el importe que el vehículo concederá a la empresa controlada por la familia Rubiralta-Rubió se situará en un máximo de 550 millones. Y lo más probable es que finalmente se quede entre los 400 y los 500 millones, según fuentes financieras. Está por ver que sea el mayor salvamento estatal, a falta de que se apruebe, este mes, en Consejo de Ministros.
En noviembre se conoció que Celsa, uno de los mayores estandartes mundiales de la industria siderúrgica española, había solicitado 350 millones de euros al fondo de solvencia de la SEPI, anunciado en julio. Pero la petición final ha sido más del doble de ese importe. Los dueños, los Rubiralta-Rubió, consideraban que así se protegían de la amenaza de los acreedores, entre los que destacan CVC, Goldentree, Sculptor y el brazo de inversión en deuda con problemas de Deutsche Bank.
La compañía facturó en 2019, cuando ya arrastraba serios problemas financieros, 4.120 millones de euros, da empleo a unos 10.000 trabajadores, alrededor del 34% están en España y cuentan con contrato fijo. Y a priori cumple con todas los requisitos para que el vehículo dependiente del Ministerio de Hacienda le dé el rescate. Las fuentes consultadas señalan que, de hecho, está a punto de concederse, previsiblemente este mes.
La SEPI, sin embargo, no será tan rumbosa como le piden. Los más de 700 millones que euros que pidió la compañía quedarán reducidos a un máximo de 550 millones. Y la estructura de salvamento que buscaba, con un porcentaje elevado de deuda subordinada tampoco será viable.
La matriz reconoce en sus cuentas de 2019 que el préstamo que cerró en noviembre de 2017 por cerca de 1.500 millones con sus principales acreedores está garantizado con “la práctica totalidad de las acciones”. Y no solo eso. También se aportaron a favor del sindicato de entidades financieras, que han ido vendiendo sus créditos, determinados bienes inmuebles e incluso “ciertas existencias”. La estructura final está por concretarse, y una vez cerrada con la compañía, esta tendrá que negociar con sus acreedores.
Fuentes de la empresa reconocen a CincoDías que las conversaciones con la SEPI se encuentran en una fase “muy avanzada”, aunque aseguran no tener constancia ni de que la ayuda haya sido aprobada oficialmente ni de su cuantía. “La compañía no realizará comentarios al respecto”, añaden las mismas fuentes.
El Gobierno dio en noviembre el visto bueno al rescate de la compañía aérea Air Europa con una dotación de 475 millones a cuenta del nuevo fondo de apoyo a la solvencia, y se trató de la primera operación de respaldo temporal. La operación se fijó mediante la concesión de un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones. La segunda compañía aérea española de red tendrá seis años para amortizar los recursos dispuestos por el fondo. El salvavidas llegó en medio de la compra de Air Europa por Iberia, que finalmente se selló en enero por 475 millones.
La familia se ve en los tribunales con los acreedores
La estrategia de Celsa ha sido principalmente judicial. Para no tener que pagar los intereses del préstamos a largo plazo por 900 millones –firmó también otros 525 millones de circulante con un vencimiento único en octubre de 2022–, recurrió a los tribunales y obtuvo unas medidas cautelares que paralizaban todos los pagos. Las cautelares fueron levantadas a mediados de enero, pero Celsa volvió a recurrir esta decisión. Hoy está prevista la vista sobre esta cuestión. Fuentes jurídicas señalan que los argumentos empleados son esencialmente los mismos. Están pendientes, además las cautelares de alrededor de 650 millones adicionales de un préstamo convertible que no forma parte del contrato de refinanciación de la matriz.
