Celsa afronta el pago de 200 millones después de que los tribunales le retiren el escudo

El rescate de la SEPI llegará en las próximas semanas por un máximo de 550 millones

Vista aérea de una planta de Celsa.
Vista aérea de una planta de Celsa.

El rescate del grupo siderúrgico Celsa sigue adelante, pero todavía quedan muchos flecos por atar. El Estado está a punto de conceder su ayuda para la siderúrgica con un máximo de 550 millones de euros. De momento, al perder el amparo de los tribunales, la empresa ha de afrontar el pago de cerca de 200 millones entre capital e intereses del crédito firmado a finales de 2017 por 900 millones, hasta el momento paralizado por el juez número 60 de Madrid, que ha decidido revocar el blindaje. Las medidas cautelares para no tener que pagar nada del crédito que acordó hace tres años y medio fueron levantadas el viernes pasado, y fuentes de la empresa aseguran que se analizará la decisión y se tomarán las medidas “oportunas”.

La firma deberá afrontar el pago de unos 200 millones de manera inmediata, salvo que vuelva a acudir a los tribunales. En todo caso, las fuentes consultadas señalan que este importe pasará a negociarse junto con el resto del rescate con la SEPI, que aprobará en las próximas semana la inyección de un máximo de 550 millones, y también con los acreedores.

Celsa también tiene cerca de 600 millones en circulante para los que no ha solicitado medidas debido a que tienen un vencimiento único en 2022, y un crédito convertible por unos 650 millones de euros, este sí, pendiente de resolución judicial. Previsiblemente esta se conocerá en el plazo de un mes.

Las fuentes consultadas señalan que las medidas cautelares ya han cumplido su función, “que no era otra que dar apoyo a la compañía ante la extraordinaria situación inicial derivada de la pandemia”. “Desde la adopción de las mismas en abril de 2020, la compañía ha seguido operando con la normalidad que las circunstancias permitían, manteniendo operativas todas sus plantas. La decisión adoptada por el juzgado no supone ningún cambio para la situación de la compañía, ya que las mismas se levantaron a principios de enero”, añaden.

Acreedores en guardia

Los acreedores deben dar su visto bueno al plan de salvamento para que el rescate estatal surta efecto. La empresa debe tener una estructura de capital adecuada para afrontar su plan de viabilidad, al igual que ocurrió con Duro Felguera, donde la banca allanó el rescate para que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda entrara en el rescate. Es inexorable que los actuales accionistas lleguen a un pacto con los fondos que están en el pasivo.

Entre los dueños de la deuda aparecen los brazos de crédito con problemas de las gestoras CVC, Cross Ocean, Apollo, Goldentree y Sculptor, entre otras. También está Deutsche Bank. Los acreedores, asesorados por Houlihan Lokey, Gómez-Acebo y Linklaters, entre otras firmas, ofrecen aplicar una quita y convertir parte del crédito en capital para quedarse justo por debajo del 50%. Un portavoz de Celsa declinó ayer hacer comentarios sobre esta información, aunque las fuentes consultadas indican que la familia rechaza esta fórmula. La SEPI, por su parte, todavía ha de comunicar su fórmula de entrada, con la posibilidad de aterrizar directamente en el capital, aportar un crédito participativo o sénior.

La falta de garantías disponibles ha sido un problema para el fondo de rescate, habilitado con un máximo de 10.000 millones de euros, a la hora de buscar la palanca para ayudar a Celsa. La matriz explica en las últimas cuentas enviadas al Registro Mercantil que el préstamo que cerró en noviembre de 2017 por cerca de 1.500 millones con sus principales acreedores está garantizado con “la práctica totalidad de las acciones”. También se aportaron a favor del sindicato de entidades financieras, que han ido vendiendo sus créditos, determinados bienes inmuebles e incluso “ciertas existencias”.

El importe de la petición de socorro

La compañía asegura que no ha elevado la petición de salvamento realizada en noviembre, pero esta fue desde un principio superior a los 700 millones de euros. Con todo, el Estado situará el máximo en 550 millones de euros, con una horquilla más probable que oscila entre los 400 y los 500 millones, como publicó CincoDías el pasado viernes 12 de marzo.

De alcanzar los 500 millones, sería la mayor ayuda hasta la fecha con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia, superando a la de Air Europa, de 475 millones. El objetivo es salvar la compañía, que facturó en 2019, cuando ya arrastraba serios problemas financieros, 4.120 millones de euros, da empleo a unos 10.000 trabajadores, de los que más del 30% están en España. De entrada, Celsa cumple con todos los requisitos para que el vehículo dependiente del Ministerio de Hacienda le dé el visto bueno a su rescate.

Normas
Entra en El País para participar