El Constitucional tumba el decreto que traspasa la gestión de las pensiones de las clases pasivas a la Seguridad Social

En este régimen hay más de 630.000 personas pertenecientes al personal militar y funcionarios de la Administración General del Estado y las Cortes, entre otros

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE

El Tribunal Constitucional ha tumbado esta semana el real decreto ley sobre medidas laborales y fiscales, que traspasaba la gestión de la pensión de los funcionarios de las clases pasivas del Ministerio de Hacienda al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dicho real decreto había sido aprobado en abril de 2020, en plena pandemia. Según informa El País, la sentencia señala que "el Gobierno hizo un mal uso del real decreto", porque "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad" que se requería para poner en marcha la ley.

Este cambio suponía el traspaso de unos 15.500 millones de euros de Hacienda a la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones de las clases pasivas. En este grupo se incluirían más de 630.000 funcionarios de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales. Además de militares de carrera y fuerzas de seguridad del Estado o la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades.

Cuando aprobó el real decreto, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de hacer dichas modificaciones con una celeridad que no hubiese sido posible “mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria”. El retraso en la puesta en marcha hubiese producido "inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía".

En la sentencia del Tribunal Constitucional ha habido un voto particular en contra, el del magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien sí consideraba que existían los requisitos para que la norma fuese aprobada como real decreto ley. Conde-Pumpido estimó que la medida adoptada era de índole puramente administrativa, necesaria y urgente.

"Se trata de una cuestión formal sobre el instrumento que se utilizó y, en consecuencia, tiene solución y así lo haremos. En cualquier caso, no tiene repercusión en los beneficiarios de clases pasivas", han explicado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a este diario, al ser preguntados sobre si el Gobierno iba a tramitar de nuevo esta ley por otra vía.

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