Un primer paso hacia una regulación coordinada de las criptomonedas
El intercambio de datos entre las jurisdicciones y supervisores, y su funcionamiento efectivo, puede convertirse en una herramienta clave para controlar estos activos
España ha dado un primer paso adelante en el camino hacia la regulación del fenómeno de las criptomonedas. El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros un real decreto por el que se trasponen varias normas europeas al derecho español, entre ellas la quinta directiva contra el blanqueo de capitales, que impone una serie de obligaciones a los proveedores de servicios de monedas virtuales. Según esa normativa, estas entidades serán consideradas sujetos obligados a efectos fiscales, lo que significa que tendrán que colaborar para prevenir el fraude y cumplir con las medidas que la legislación impone a otros operadores. Los proveedores de criptomonedas deberán estar registrados y sometidos a supervisión, al igual que el sector bancario, el sector asegurador, las entidades de pago y cambio de moneda, las empresas de servicios de inversión, los notarios, registradores y abogados, el sector de la promoción inmobiliaria, las joyerías y los casinos de juego. Como todos estos colectivos, deberán reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. Además, se creará un registro único de la titularidad real de esas sociedades, que integrará la información disponible en el Registro Mercantil y las bases de datos notariales, y al que se tendrán que incorporar "los trust" (entendidos como fideicomisarios). El objetivo: facilitar el intercambio de información sobre estas entidades con otros países de la UE.
Esta última pieza regulatoria, el intercambio de datos entre las jurisdicciones y supervisores, y su funcionamiento efectivo, puede convertirse en una herramienta clave para la compleja tarea que tiene anti sí una legislación de estas características: tratar de poner límites al campo digital. La eclosión de las criptomonedas en los mercados financieros se ha convertido en un foco de atracción para muchos inversores por sus altas rentabilidades. Pero también ha traído consigo una fuente de problemas fiscales y penales a causa del elevado potencial de estos activos para realizar actividades ilegales, como la especulación a gran escala, los fraudes piramidales, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, además de la escasa protección que ofrece a los pequeños inversores. Pese a las advertencias por parte de reguladores y supervisores sobre el alto riesgo que entrañan estos activos, las criptomonedas han seguido creciendo en tierra de nadie por la ausencia de normativas coordinadas internacionalmente. La regulación aprobada ayer, aunque pueda eludirse fácilmente si el proveedor opta por actuar desde terceros países, constituye un primer paso para tejer una red regulatoria y coordinada en Europa que imponga a este sector las cargas y controles que imperan sobre el resto de las actividades financieras.