La inseguridad jurídica tras el Brexit lastra las inversiones de británicos en España

El Acuerdo de Retirada tiene mucha letra pequeña y traerá problemas que deben ser resueltos por expertos legales

La inseguridad jurídica tras el Brexit lastra las inversiones de británicos en España
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El peso del turismo -18 millones de anglosajones nos visitaron en 2019- y la actividad de los residentes británicos son claves para la economía de la Costa del Sol y de las Islas Baleares. La limitación a la libre circulación de personas y mercancías tras el Brexit, las trabas a la adquisición de inmuebles, el acceso a la sanidad o la fiscalidad para no residentes son algunas de las cuestiones que crean una inseguridad jurídica que tratan de evitarse para fomentar el incremento de inversiones tras la Covid-19.

Según datos del INE, en España residían en 2020 más de 300.000 británicos, con 82.000 residentes en Andalucía y 16.000 en Baleares. Aunque la idea es de un colectivo de personas que disfruta de sol y playa tras su jubilación, la realidad es que los británicos en España tienen una media de 53,6 años de edad, según datos del Padrón de 2021.

Los términos del Brexit se regularon a través del Acuerdo de Retirada con una serie de disposiciones para que la salida efectiva de Reino Unido fuese ordenada, estableciendo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. El Acuerdo de Retirada tiene mucha letra pequeña y traerá bastantes sorpresas en forma de problemas que deberán ser resueltas por expertos legales. Muchos residentes británicos se enfrentan con incertidumbre al Brexit mientras se sienten abandonados por el Gobierno de Boris Johnson.

Acuerdo de retirada

Desde el 1 de enero los nacionales de Reino Unido en España son o beneficiarios del Acuerdo de Retirada (titulares de un certificado de registro temporal y cinco años de residencia legal en nuestro país que podrán obtener la residencia permanente) o extracomunitarios que se rigen por las disposiciones generales de extranjería.

Los británicos desde este año –como cualquier otro extranjero- solo pueden pasar 90 días cada 180 en España de manera legal. “El principal problema es que, ahora, los británicos tienen que recurrir a la vía extracomunitaria para solicitar su residencia”, asegura Javier Blas Guasp, socio director de Illeslex Abogados. Los bufetes que ofrecen servicios en las zonas turísticas facilitan el proceso a los británicos para conseguir permisos de residencia que agilizan muchísimo el proceso mediante la residencia no lucrativa, que únicamente exige la posesión de medios económicos suficientes y ser titular de un seguro médico privado, o la golden visa o visado de inversor, siempre que pretendan realizar una inversión en bienes inmuebles para conseguir la residencia.

Un gran número de residentes británicos con segunda vivienda en España se ha visto afectado por la limitación a 90 días en sus estancias. Daniel Olabarria, abogado del Bufete Buades, destaca que “entre los mecanismos que se han activado para flexibilizar el plazo indicado se encuentra la solicitud de residencia a través del procedimiento especial del Acuerdo de Retirada”.

Cobertura sanitaria y pensiones

En relación con la cobertura sanitaria, Guasp asegura que “se seguirá atendiendo a los británicos como hasta ahora pasando los gastos a la sanidad inglesa, siempre que tengan derecho a ella, pero las tarjetas sanitarias de ciudadanos británicos estarán vigentes, por el momento, hasta final de junio”.

Las pensiones reconocidas antes del 31 de diciembre seguirán siendo satisfechas por el “principio de exportabilidad”, previsto en la normativa europea según Olabarría. Las reconocidas desde el 1 de enero serán satisfechas conforme al Protocolo de Coordinación sobre Seguridad Social del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y Gran Bretaña.

Para facilitar que los británicos puedan emprender o invertir en España, Adolfo Martos, coordinador de la Sección de Internacional del Colegio de Abogados de Málaga, propone reducir las altas tasas consulares que se cobra a los británicos (1.500 libras para el visado de inversor frente a los 60 euros de la tasa general a un saudí) y a su vez negociar con Reino Unido rebajar las tasas aplicadas a los españoles para que España haga lo mismo con los británicos

Actividad jurídica

  • Preocupación institucional. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el decano del Colegio de Abogados, Salvador González, quieren tener un mayor protagonismo en asuntos relacionados con el turismo para evitar el freno en las inversiones. Es un asunto de máxima preocupación por el peso del turismo británico en la Costa del Sol y en la economía de la provincia.
  • Compra de inmuebles. Los británicos tienen una nueva traba jurídica para adquirir un inmueble en suelo rústico. Según la Ley 8/1975 de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional deben obtener antes de la compra una autorización militar previa del Ministerio de Defensa, cuya emisión se demora cuatro meses, y es necesaria para la inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta limitación afecta también a sociedades españolas con capital mayoritario británico.
  • Regular el teletrabajo. Muchos británicos querrían teletrabajar desde España, pero nuestra normativa laboral y de inmigración es algo rígida. El abogado malagueño Adolfo Martos propone “adaptar la normativa laboral española sobre telebrabajo” para hacer posible una realidad que también atraería talento y enriquecería el tejido empresarial y emprendedor español.
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