El Gobierno acierta al incorporar el sector privado a la vacunación
La iniciativa de cooperación de las mutuas, que la patronal de las empresas puso sobre la mesa hace ya varias semanas, ha sido finalmente aceptada por un Ejecutivo
Las críticas sobre la estrategia de gestión de las vacunas contra el Covid-19 y de las propias campañas de inmunización se han convertido en una constante en esta crisis sanitaria. Buena parte de esas objeciones se refieren al ritmo de vacunación, así como a los pormenores de los contratos firmados por Bruselas y a los problemas que están generando algunas de las vacunas, como es el caso de la fabricada por AstraZeneca. Otras críticas tienen que ver con las decisiones adoptadas respecto al diseño de las campañas, que en España están fuertemente centralizadas en lo que se refiere a la compra de las vacunas, y muy focalizadas en la sanidad pública en cuanto a su administración, con la excepción de algunas comunidades autónomas, como Madrid, que se apoyan también en el sector privado.
El Gobierno anunció ayer un acuerdo con la Fundación CEOE y las mutuas de las empresas para que estas últimas pongan a disposición de las comunidades autónomas sus capacidades logísticas y su personal sanitario durante los próximos meses, con el fin de cooperar en la campaña de vacunación. La iniciativa, que la patronal de las empresas puso sobre la mesa hace ya varias semanas, ha sido finalmente aceptada por un Ejecutivo que hasta ahora se ha resistido –aparentemente sin argumento que lo justifique– a utilizar los recursos del sector privado para acelerar la inmunización. Pese a la tenacidad con la que el Gobierno continúa asegurando que el ritmo de vacunación es el previsto y que se alcanzará el objetivo de un 70% de población inmunizada en verano, el hecho de que finalmente se haya aceptado la propuesta de CEOE hace pensar más bien lo contrario y apunta a la necesidad –lógica y en absoluto vergonzante en circunstancias extraordinarias como la de esta pandemia– de contar con mayores recursos para el cumplimiento de esa hoja de ruta.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se quejaba ayer de la irresponsabilidad que suponen, a su juicio, las críticas sobre la estrategia de vacunación, debido a la incertidumbre que siembran en la población. Esa petición de responsabilidad resulta difícil de conjugar con una gestión –no solo española, sino también europea– que ha estado jalonada de decisiones cuestionables y de contradicciones, así como de revelaciones sorprendentes, como el hecho de que los contratos firmados por Europa con los laboratorios farmacéuticos que han fabricado las vacunas excluyan a estos últimos de responsabilidad en caso de efectos adversos y trasladen la respuesta a los Estados. Una decisión insólita que no ayuda en absoluto a reforzar la confianza ciudadana en los laboratorios y las vacunas.