Las grandes de los servicios urbanos urgen 10.000 millones en fondos europeos para el reciclaje
La patronal Aselip lanza un manifiesto sobre las necesidades en nuevas tecnologías, modernización de flotas e infraestructuras
Las mayores referencias del país en servicios urbanos se han sumado esta mañana a la petición de fondos europeos para modernizar su actividad y cumplir con los objetivos de la UE en reciclaje y la propia Agenda 2030. Reclaman 10.000 millones de euros. Reunidas en Aselip, firman un manifiesto en el que se habla del riesgo de España de incurrir en incumplimientos quedándose atrás en políticas climáticas.
Los municipios españoles generan 23 millones de toneladas de residuos, de los que Aselip estima que se recicla un 36%, se valoriza energéticamente el 13 % y se lleva a vertederos el 51%. El Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea fija un índice de reciclaje del 65% de los residuos municipales y de la reducción de su vertido al 10 % para el año 2035. En la UE ya hay ocho países que vierten menos del 10% de residuos municipales, pero en España unos 3,65 millones de toneladas van al vertedero incluso sin tratamiento previo, lamenta Aselip.
Con FCC, Urbaser, Cespa (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), OHL Servicios Ingesan, Acciona, Contenur, ASCAN y SAV (Agricultores de la Vega) en sus filas, Aselip advierte de que el no alcanzar estos objetivos conllevará importantes. En nuestro país ya se ha incumplido el objetivo intermedio establecido en la actual Ley de Residuos y Suelos Contaminados de reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020; el desafío es duplicar la tasa reciclado actual y reducir en cinco veces la eliminación en vertedero.
El destino de los fondos
El reparto de los 10.000 millones demandados se propone en dos líneas de inversión: la investigación en tecnologías y construcción de infraestructuras que permitan maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los residuos, por una parte, y la implantación de la movilidad eléctrica en las flotas de vehículos de servicio urbano.
“Hasta la fecha las tecnologías limpias apenas se han abierto paso en el parque móvil metropolitano, incluyendo los vehículos que prestan servicios urbanos, como la recogida de residuos, la limpieza viaria o el mantenimiento de la red de alcantarillado”, explicita el manifiesto, “en algunas ciudades se han implementado de forma generalizada motores alimentados por Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo (GLP), menos contaminantes que un motor térmico convencional, pero la tecnología eléctrica apenas está introducida”.
Electrificar una flota de alrededor de 20.000 vehículos medios y pesados podría suponer para las ciudades españolas, se afirma en el documento, una reducción anual de la huella de carbono de cerca de 520.000 toneladas, lo que equivale a plantar cada año cerca de 1,6 millones de árboles, y un ahorro energético de 4.400 GWh al año, equivalente al consumo de una ciudad de 1,2 millones de habitantes.
Entre los cálculos realizados por este sector empresarial resalta el del sobrecoste económico de la tecnología eléctrica frente a la convencional, del 125% o unos 180.000 euros en un vehículo promedio. Si se plantea la renovación y electrificación de al menos la mitad de una flota de los citados 20.000 vehículos pesados hasta 2027, “el diferencial de inversión que supone sería de 1.800 millones de euros, que podrían ser financiados a los ayuntamientos en todo o parte con fondos Next Generation”. El sobrecoste, apunta Aselip, se irá reduciendo a medida que se generalice la electrificación y se produzcan avances en las tecnologías de baterías.
El colectivo propone la inversión en la construcción de nuevas plantas de reciclaje, desde la necesidad de unos 6.500 millones en instalaciones, y la mejora de eficiencia y eficacia de las actuales. También anima a la investigación de tecnologías para desarrollar infraestructuras industriales de reciclaje y valorización que permitan producir más y mejores materias primas secundarias (MPS). Y apuesta por la mejora de la recogida selectiva de orgánicos, textil, aceites de cocina o residuos peligrosos, lo que precisaría un aumento de la flota de vehículos actual.