Una oportunidad verde para impulsar la recuperación

Urge priorizar todo lo relacionado con las inversiones productivas al tiempo que aplicar con racionalidad económica los extremos más restrictivos

La primera regulación española sobre el cambio climático, que fue aprobada ayer en el Congreso sin el apoyo del PP, Más Madrid y Vox, ha visto la luz tras una tramitación que no ha sido sencilla, como demuestra el hecho de que se hayan incluido 750 enmiendas para solo 35 artículos. Pese a que el objetivo de la norma es regular el cumplimiento de los compromisos medioambientales de España para los próximos años, las excepcionales circunstancias en que ha sido gestada hacen obligado examinar el texto en el marco del proceso de recuperación de la economía española. Desde el Gobierno se ha insistido en el amplio potencial de la nueva ley para impulsar ese objetivo, como corresponde a una norma que pretende movilizar más de 200.000 millones de euros entre 2021 y 2030, el 70% en capital privado, así como generar entre 250.000 y 350.000 puestos de trabajo a lo largo de la próxima década.

Más allá de la ambición de esas cifras, que se sostienen con facilidad sobre el papel, pero no siempre resulta posible acreditar en la práctica, es indudable que la nueva ley traerá consigo cambios sustanciales que afectarán no solo a las empresas, sino al propio modelo productivo español. Articulada en torno a dos grandes plazos, el texto obliga a reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, lo que supone un endurecimiento de tres puntos sobre el objetivo que el Gobierno envió al Congreso hace casi un año, así como a alcanzar la neutralidad climática en 2050. La ley prevé acabar con la venta de coches de gasolina y diésel en 2040, prohíbe sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsa la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables.

El rigor y la elevada exigencia que contienen algunos de estos requerimientos, junto a la oportunidad que ofrecen para la puesta en marcha de proyectos financiados con fondos europeos, constituyen el principal reto de esta nueva ley de cambio climático. El desarrollo de la economía verde movilizará sustanciosas inversiones y estimulará la actividad, pero también traerá consigo algunas exigencias que pueden resultar pesados yugos para unas empresas cuya primer objetivo ahora mismo es sobrevivir a la crisis. Todo ello exigirá que la aplicación de esta ley se lleve a cabo de forma rigurosa, pero también pragmática, de forma que pueda adaptarse a la difícil coyuntura que vive ahora mismo la economía española. Ese delicado equilibrio supone priorizar todo lo relacionado con las inversiones productivas, al tiempo que aplicar con racionalidad los extremos más restrictivos o que puedan perjudicar en mayor medida a los diferentes sectores de actividad.