El fin del estado de alarma provoca que el Gobierno y las comunidades choquen por la gestión de la pandemia
Calvo asegura que el Consejo Interterritorial decidirá sobre las autonomías, mientras que Ayuso acusa al Gobierno de "no tener un plan" y Feijóo de abocarlos a "un doble salto mortal"
El estado de alarma finalizará el 9 de mayo, como estaba previsto, según aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cual abre un debate entre el Ejecutivo central y los autonómicos sobre cómo gestionar la pandemia después de esta fecha. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido hoy que desde el 10 de mayo será posible afrontar la crisis sanitaria a través de las decisiones "de obligado cumplimiento" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que el Tribunal Supremo lo ha avalado recientemente tras tumbar la petición de Vox de suspender el cierre perimetral sobre Madrid durante el puente de San José.
Previsiblemente, como consecuencia del fin de esta figura jurídica, desde el 10 de mayo el toque de queda y los cierres perimetrales no estarán más tiempo en vigor. Sin el amparo de este decreto, a priori, las comunidades solo podrían adoptar medidas más ordinarias como imponer restricciones horarias y sanitarias sobre la hostelería o confinar de forma perimetral las zonas con peor incidencia del virus.
Para Calvo, el aval del TS y las competencias en sanidad que tienen las autonomías permiten "muchas respuestas", por lo que no es necesario modificar la legislación. La vicepresidenta rechaza el "plan b jurídico" que había propuesto el Partido Popular al Gobierno. Calvo espera conseguir "una combinación perfecta, lo más coordinada, eficiente y lealmente posible de unas instituciones con otras", sin confrontación entre Ejecutivos, y con los esfuerzos volcados en la vacunación.
Tras 100.000 muertos Sánchez sigue rechazado nuestra ley contra pandemias.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 7, 2021
Prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías.
Ofrecemos otra vez un Plan B jurídico para aprobarlo antes del fin del estado de alarma.
Para salvar vidas sin arruinar empleos pic.twitter.com/Gm9dLPD4Ml
Las comunidades reaccionan
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado: “El Gobierno de España no tiene un plan para España” en declaraciones esta mañana tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayuso también ha criticado que el Ejecutivo no haya creado "una ley de pandemias que el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta se comprometieron a redactar el año pasado"."Nosotros pediremos, mientras haya pandemia, que la justicia avale las medidas que estábamos tomando en la Comunidad de Madrid, y lo que vamos a hacer siempre que podamos será mantenerlas", ha añadido la dirigente popular madrileña.
Es sospechoso que después de siete meses de cierres el Gobierno de Sánchez renuncie ahora a cerrar Madrid... justo el puente que hay elecciones.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 7, 2021
También es sospechosa la presión por declarar festivo el día 4.
Cualquiera diría que buscan un desplome de la participación.
Por su parte, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de empujar a un "doble salto mortal" a las autonomías una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. Feijóo ha dicho sentir un "nivel de perplejidad muy alto" tras el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que habría inmunidad de grupo en agosto. El presidente gallego reclama urgentemente "una conferencia de presidentes autonómicos" y augura "serias dificultades" para las comunidades autónomas, sujetas a que los tribunales puedan anular sus decisiones.
Feijóo también ha criticado que el Gobierno no haya ofrecido "ninguna información", ya que se enteró de esta decisión por los medios de comunicación, y también que no se haya puesto sobre la mesa una alternativa "jurídicamente sólida", fundamental al no existir una "legislación específica" para gestionar la pandemia. El dirigente gallego también se ha quejado de que los presidentes autonómicos no hayan sido consultados.
En paralelo, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha admitido que existen "ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico", sobre cómo actuar si se acaba el estado de alarma. "En aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, tenemos dudas que veremos cómo se van trabajando y discutiendo" ha añadido.