Las heridas abiertas del campo español

Las condiciones laborales de los temporeros dejan al descubierto las grandes carencias del sector

La movilización de un contingente de personas, la gran mayoría inmigrantes, para cubrir las campañas agrícolas de nuestro país se ha instalado en la normalidad del sector agrario año tras año. Un hecho que resulta cuando menos paradójico, dadas las cifras de paro en las que nos movemos (16,13% en el total de la economía y 19,09 % en la agricultura según la EPA del cuarto trimestre de 2020). Nos hemos instalado en esa lógica porque al parecer los trabajadores y trabajadoras españoles rechazan esos empleos, y eso habla significativamente de las condiciones laborales que se dan en ese ámbito, con trabajos precarios y mal pagados que, en algunos casos, cada vez más frecuentes, rozan la explotación.

Y siguiendo con las paradojas, ocurre justo lo contrario en la campaña de la vendimia francesa todos los años, en la que los cupos de temporeros están cubiertos por trabajadores españoles desde el minuto cero. No hace falta ser muy imaginativo para adivinar el porqué.

Obviamente, la situación es síntoma de que algo no funciona del todo bien y de que haría falta revisar el porqué de esas condiciones de trabajo y buscar la forma de dignificarlas, porque, a pesar de ser una realidad más que evidente, parece existir una conspiración de silencio en torno al trabajo por cuenta ajena en el campo.

Venimos presionando desde hace mucho con la necesidad de un convenio estatal que homogenice las condiciones laborales, pero es una propuesta en la que, por mucho que nos empeñemos en ella, no avanzamos, precisamente por la falta de voluntad de la otra parte en la mesa de negociación.

Por otro lado, hemos abogado por la cuestión económica a través de una PAC social, vinculando las ayudas europeas al cumplimiento de la normativa laboral, una pelota que ahora está en el tejado de las administraciones públicas.

Los temporeros y temporeras son el último escalafón del trabajo por cuenta ajena en el campo. Y ya es decir, pues este se caracteriza en términos generales por una altísima precariedad laboral, con los salarios más bajos de toda la economía, con relaciones laborales anticuadas (en algunos casos casi feudales), reguladas por una negociación colectiva atomizada en más de 60 convenios que se incumplen en muchas de las ocasiones, y que además sufren fraudes en la contratación y en la declaración de jornadas reales a la Seguridad Social.

Y si al desarrollo de las campañas sumamos el contexto de la pandemia, se desata la tormenta perfecta. Confiamos en que la experiencia vivida en 2020 nos haya servido y podamos afrontar las campañas de este año sin que se repitan algunas de las situaciones bochornosas de las que fuimos testigos.

En este ejercicio no es de recibo volver a ver trabajadores durmiendo en las calles por la falta de previsión de los empresarios, los hacinamientos en los alojamientos, los incumplimientos reiterados de los protocolos anti-Covid, en concreto en los desplazamientos a las explotaciones agrarias.

No nos cansamos de denunciar el abuso al que se exponen los temporeros migrantes. Una situación en la que se confabulan la falta de una regulación estricta y seria al respecto, la indolencia de las administraciones y las carencias en la inspección de trabajo, que dejan el campo libre a su indefensión y explotación.

Consideramos que las administraciones públicas deben vigilar y garantizar que la historia no se repita, y que las y los temporeros puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad, cumpliendo los protocolos que establecen las autoridades sanitarias y sin que nadie les señale como focos de infección y propagación, no sin ciertas connotaciones racistas y xenófobas.

Reclamamos al Gobierno, a las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y patronales que velen por que se les proporcionen las medidas de seguridad necesarias para desarrollar su trabajo sin riesgos, que se les faciliten alojamientos dignos para garantizar su salud, así como un transporte seguro hasta las explotaciones agrarias.

Exigimos que, basándose en su labor, que fue declarada estratégica al principio de la pandemia, se les paguen de verdad los salarios estipulados en los convenios de referencia.

Aplaudimos iniciativas como la desarrollada por UGT Fica Catalunya, que, bajo el eslogan de Fruta sin fraude, contempla medidas como vincular los contratos con los alojamientos para asegurar que los trabajadores tengan un lugar en el que dormir, o la creación de la figura del delegado de prevención agrícola para vigilar el grado de cumplimiento de las medidas anti-Covid.

Hay que dejar de dar cancha a la avaricia de determinados empresarios agrícolas, que buscan el beneficio a costa de peores condiciones laborales, salarios más bajos y jornadas interminables para estos trabajadores y trabajadoras.

Tenemos que poner fin a esto de una vez y se requiere del compromiso y la responsabilidad de todos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a permanecer vigilantes durante todo el desarrollo de las campañas y actuaremos en consecuencia ante los posibles incumplimientos.

Pedro Luis Hojas Cancho es secretario general de UGT Fica