El Gobierno esquiva rebasar el récord de déficit de 2009 pese a cargar con la factura de Sareb

Montero descarta acometer ajustes para reconducir el desequilibrio presupuestario hasta dejar atrás la pandemia La ministra promete facilidades a las regiones para devolver las entregas a cuenta de 2020

Pulsar sobre el gráfico para verlo completo / A.M.

El coste de hacer frente a la factura sanitaria, económica y social de la pandemia de Covid-19, unido a la caída de la recaudación provocada por la parálisis de la actividad y la crisis abierta por el coronavirus, generó un auténtico agujero negro en las cuentas públicas españolas en 2020. En concreto, según hizo público ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantar cara al coronavirus ha ensanchado la brecha ya preexistente entre gastos e ingresos en 87.435 millones de euros, hasta alcanzar los 123.072 millones de euros de déficit público, lo que supone prácticamente multiplicar por cuatro el 2,86% del PIB de cierre de 2019 para culminar 2020 en el 10,97%.

“El dato de cierre de déficit público es mejor del que habían previsto los analistas nacionales e internacionales y está por debajo del objetivo comunicado por el Gobierno a Bruselas”, celebró Montero, recordando que el Ejecutivo había comunicado a la Comisión Europea que el agujero fiscal escalaría al 11,3% del PIB, mientras que Bruselas esperaba un 12,2%, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) auguraban un 11,7%, y no faltó quien llegó a barajar un 14%.

La cifra final, de hecho, logra situarse por debajo del 11,3% de déficit de 2009 y apenas algo por encima del 10,7% de 2012, pese a que el retroceso económico causado por la crisis, del 11% del PIB en 2020, ha sido el más severo desde la Guerra Civil (1936-1939). De esta forma, el Gobierno esquiva por la mínima rebasar el récord de déficit alcanzado en la anterior crisis, pese a la pandemia y a cargar con la factura del llamado banco malo.

Montero achacó esta cierta contención del impacto a un mejor aguante de los ingresos públicos frente a la caída de la actividad que en crisis anteriores, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno para proteger el empleo y las rentas, como son los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE).

Ingresos y gastos

Con todo, Hacienda vio descender el año pasado la recaudación tributaria un 8,8% (perdiendo 18.757 millones al pasar de 212.808 en 2019 a 194.051 millones en 2020) mientras que el conjunto del Estado sufrió una pérdida de ingresos públicos del 5%, de 487.804 a 463.317 millones.

A su vez, el gasto público se elevó en 53.070 millones, un 10,1%. De ellos, 44.907 millones, “nueve de cada 10 euros de aumento del gasto, se han destinado a mitigar los efectos del Covid-19”, justifican desde Hacienda, apuntando a los ERTE, la prestación por cese de actividad de los autónomos, las exoneraciones de cuotas y la cobertura de los costes sociosanitarios de las regiones como las principales partidas sufragadas.

Semejante factura pública, unida a la pérdida de recursos por 24.487 millones arrojan 77.557 millones de déficit (el 10,09% del PIB). Un alza del 217,8% que es la que Hacienda asumía ayer como comparable. Al monto final, sin embargo, hay que añadirle 9.878 millones en ayudas a instituciones financieras, básicamente el descalabro contable de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), que Eurostat obliga a computar como déficit como participada estatal, alcanzándose el agujero fiscal del 10,97%.

Por administraciones

Por organismos, la administración central es la que ha asumido siete de cada 10 euros del déficit, cerrando con un desequilibrio de 83.051 millones (7,49% del PIB). Desde Hacienda recuerdan que esta administración se encargó de realizar transferencias extraordinarias por 16.000 millones a las comunidades autónomas, mediante el fondo Covid; o por 22.357 millones a la Seguridad Social, entre otras partidas. Como resultado, las autonomías cierran el año con un déficit de solo 2.306 millones (0,21% del PIB), mientras que la Seguridad Social despide 2020 con un agujero de 29.685 millones (2,65%).

Es más, las regiones cierran 2020 como el año con mayor financiación de su historia, gracias también a que las entregas a cuenta anticipadas -y a liquidar en 2022 con el saldo final de recaudación- fueron calculadas sin tener en cuenta el impacto de la crisis. En cuanto a las devoluciones que el Estado reclamará a las comunidades autónomas en 2022 por esas, Montero prometió dar todas las facilidades posibles a las regiones para acometer el pago, sin destacar la opción de darles dos décadas para hacerlo como pasó con la deuda de 2009. La ministra también tiene en mente abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en paralelo a una armonización tributaria entre regiones y una reforma de calado del sistema impositivo que acerque a España a los umbrales comunitarios.

En su conjunto, solo las corporaciones locales concluyen el ejercicio con superávit, 2.870 millones en positivo (0,26% del PIB). Así, el desequilibrio presupuestario del conjunto de las administraciones públicas se sitúa en 113.172 millones (123.072 sumando el banco malo).

La deuda pública salta al 120%

Semejante desequilibrio presupuestario ha sido financiado vía deuda pública, que ha incrementado su volumen en 112.500 millones de euros en 2020, hasta alcanzar los 1,3 billones de euros, saltando del 95,5% al 117,1% del PIB (también algo por debajo del 118,8% inicialmente estimado por el Ejecutivo).

La carga de Sareb, sin embargo, aportó otros 35.000 millones a este frente, impulsando el endeudamiento al 120% del PIB. Montero explicó que, una vez reconocido este doble impacto por el banco malo, las cuentas mejorarán si la entidad es capaz de ir vendiendo los inmuebles y solares heredados de la banca rescatada o ve revalorizados sus activos.

Posponer los ajustes

A partir de aquí, Hacienda esperará a abril para revisar sus previsiones de 2021, que apuntan a una rebaja del déficit al 7,7% y a un alza de la recaudación del 13%.

“La decisión de la Comisión Europea de suspensión de las reglas fiscales puso de manifiesto que el conjunto de Europa, el conjunto del mundo, está enfrentando la crisis de manera distinta” a la anterior, cuando se impusieron las políticas de austeridad, celebró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que descartó poner en marcha ajustes que permitan reconducir las cuentas públicas hasta que la pandemia quede atrás. De momento, recordó, la UE ha suspendido los objetivos de déficit en 2020 y 2021, y estudia hacerlo en 2022.