Las operadoras portuarias y la estiba vuelven a estar a un paso del conflicto
El sindicato Coordinadora aplaude la Proposición No de Ley para regular los Centros Portuarios de Empleo, mientras la patronal Asoport se queja de monopolio
La Proposición No de Ley (PNL) sobre la estiba portuaria, aprobada el jueves en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, no ha dejado indiferente ni a las operadoras de las terminales ni a los propios estibadores, cuyo histórico choque de intereses vuelve a subir en intensidad.
El coordinador estatal de Estibadores Portuarios, Antolín Goya, se ha mostrado optimista ante el amplio respaldo de los grupos políticos a una PNL pensada, a su juicio, para "clarificar" el régimen jurídico y societario de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), surgidos de la reforma de la estiba de 2017 tras un largo y duro conflicto en los puertos. La presentación de la proposición corrió a cargo del PSOE y el texto tuvo el voto favorable de ocho grupos parlamentarios y una abstención.
Para Goya este es “un paso muy importante para culminar el proceso de reforma de la actividad portuaria con garantías de seguridad jurídica y salvar cualquier impedimento encaminado a la firma del V Acuerdo Marco del sector, acordado entre la patronal y sindicatos". El texto de la PNL recoge el carácter mutualista de los CPE. Desde Coordinadora se ha agradecido a los grupos parlamentarios que no se hayan dejado “influenciar por una parte minoritaria del empresariado que solo busca la confrontación y la inestabilidad en los puertos”.
Asoport ha iniciado acciones para tratar de frenar esta iniciativa en el Congreso y que no llegue a Real Decreto Ley
Ese empresariado que critica el sindicato, formado por operadoras portuarias, se reúne en Asoport, desde donde se toman ya medidas para tratar de frenar esta iniciativa en el Congreso para que no llegue a Real Decreto Ley.
El colectivo recuerda que la CE urgió en noviembre de 2011 a España a modificar el régimen de la estiba, regulado por la Ley 48/2003, modificada por la Ley de Puertos de 2010, por no ser conforme al artículo 49 del Tratado Fundacional de la UE, relativo a la libertad de establecimiento. El retraso en la adaptación motivó una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al Reino de España, en diciembre de 2014, por entender que la estiba vulneraba la normativa comunitaria. Finalmente, y tras una multa de 3 millones, se transpuso con retraso la sentencia del tribunal europeo en los RDL 8/2017 y 9/2019.
Desde Asoport se opina que el problema de base sigue existiendo. La ley española obligaba a las operadoras de los puertos a contratar prioritariamente a los estibadores de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEPS, hoy Centros Portuarios de Empleo o CPE), que actúan a modo de bolsa de empleo o registro de trabajadores portuarios, en detrimento del mercado libre. Sobre estas empresas, la asociación insiste en que están controlados por el sindicato Coordinadora.
También existía el imperativo de que las empresas fueran socias de esas SAGEP, hoy CPE. Y Asoport sigue hablando de “monopolio abusivo” que hace que la mano de obra se dispare entre dos y tres veces frente al coste de mercado.
Antolín Goya: "Este es un paso muy importante para culminar el proceso de reforma de la actividad portuaria con garantías de seguridad jurídica"
La Ley de Puertos de 2010 buscó dar estabilidad a un personal, el de la estiba, expuesto a la eventualidad y que requiere cierto componente de experiencia ante los riesgos que comporta su actividad. La CE y los tribunales cargaron contra ella en distintas ocasiones.
Cartas a la CNMC, al Gobierno y la CE
Asoport, escindida de Anesco, ha enviado una carta de denuncia sobre la situación en los puertos a la CE, y también la remitirá al Gobierno y a la CNMC. En ellas se carga contra el “abuso de los sindicatos repetido y reiterado, que daña la competitividad de la economía española”. Las empresas aseguran que la liberalización de la estiba no es efectiva y que no forman parte de las CPE por voluntad propia sino por el “chantaje de la huelga”. También se advierte de que detrás de la naturaleza mutualista de estos Centros Portuarios de Empleo se esconden obligaciones laborales para las empresas.
La queja de Asoport concluye que la introducción de nuevas obligaciones supone “dejar sin efecto la liberalización del sector que intentó el RDL 8/2017, y utilizar la excepcional medida de un Decreto-ley para eludir el control desde el punto de vista de competencia de la CNMC”.
Para las operadoras portuarias en España no se puede acudir a contratar estibadores fuera de los CPEs, lo que ya fue condenado por el TJUE. También se introducen barreras a la posible salida de una empresa estibadora de un CPE “al dar soporte legal a soluciones de subrogación”, lo que en opinión de Asoport es contrario a la opinión de la CNMC.
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