Infraestructuras

La presión de la UE fuerza un pacto para liberalizar la estiba portuaria

La CE ha llevado dos veces a España a los tribunales urgiendo la reforma

El principal cambio pasa por permitir la contratación de personal de estiba en el mercado

La estiba en España Ampliar foto

Las empresas de la estiba agrupadas en Anesco y los miles de trabajadores de los puertos afiliados a Coordinadora intentan la cuadratura del círculo durante esta semana: pactar una respuesta sectorial a la obligatoria liberalización del mercado de la estiba, tratando de proteger a quienes ya prestan estos servicios en España, y sin que el asunto rechine en Bruselas. El sector negocia apremiado por las posibles sanciones que se harán firmes contra el Estado tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Luxemburgo, de diciembre de 2014 y abril de 2016, donde se aprecia la ley española de puertos contraria a la normativa comunitaria.

El meollo de la reforma está en la citada estiba. Hasta hoy, las empresas que cargan y descargan en las terminales portuarias están obligadas a participar en el capital de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), de las que contratan prioritariamente a los trabajadores en detrimento del mercado libre. De este modo, según se estableció en la Ley de Puertos de 2010, se trataba de dar estabilidad a un personal expuesto a la eventualidad y que requiere cierto componente de experiencia ante los riesgos que comporta su actividad.

A Fomento le urge reformar el sector para eludir multas millonarias de la justicia europea

El colegio de Comisario Europeos fue el que abrió batalla, en noviembre de 2013, contra el régimen español de la estiba al considerarlo contrario al Tratado de la Unión. Este órgano, y posteriormente la justicia, apreciaban barreras que vulneran el principio de libertad de establecimiento que recoge el tratado fundacional de la UE. Según ha puesto de relevancia recientemente el Grupo Socialista en el Congreso, el Estado podría responder a sanciones por 160.000 euros diarios mientras se fragua la esperada liberalización del sector: “Son 27.500 euros diarios porque no se ha solucionado el tema y el tiempo sigue pasando, a los que hay que añadir 134.000 desde julio de 2016 como recargo o multa coercitiva. Cada día que pase sin que se ponga solución a este problema, los españoles tendremos que pagar más de 160.000 euros al día”, espetó el diputado socialista César Ramos al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su primera Comisión de Fomento. España no ha pagado un solo euro aún, apuntan fuentes oficiales, mientras no hay sentencia en firme al respecto.

En este contexto, según explican fuentes de toda solvencia, el sindicato mayoritario Coordinadora ha diseñado una propuesta en la que básicamente se pasa de la figura de las SAGEP a un nuevo modelo, el de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que seguirá actuando a modo de bolsa de empleo o registro de trabajadores portuarios. Las diferencias básicas residen en que podrían convivir más de un CPE en cada puerto, frente a la exclusividad de las SAGEP actuales; ya no sería obligatorio para las empresas estibadoras acudir al personal de un CPE para operar en las distintas plazas de la red de Puertos del Estado, y estos centros estarían gestionados por las autoridades portuarias. Pese a ello, patronal y sindicatos intentan que la reforma de la Ley de Puertos priorice aún la contratación de plantillas de las CPE, evitando en lo posible la eventualidad y el recurso a personal inexperto.

 

Reticencias en los grandes puertos

- Coordinadora pacta con Anesco una propuesta de reforma de la estiba que debería ser presentada al Ministerio de Fomento una vez consensuada. Pero las conversaciones se han extendido más de la cuenta, a hoy martes y mañana miércoles, ante la existencia de algunas reticencias o peculiaridades por incluir por parte de estibadoras de los cinco grandes puertos: Barcelona, Valencia, Algeciras, Bilbao y Las Palmas.

- Aunque ya fue entregado un borrador de reforma consensuada a la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, la situación de interinidad del Gobierno en funciones y las recientes dimisiones al frente de la patronal de la estiba han retrasado las negociaciones. Fomento trabaja por su cuenta.

- Coordinadora ha llevado su propuesta de liberalización al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y al presidente del puerto de Bilbao, Asier Atutxa.

- El sindicato mayoritario asegura no haber tenido contacto aún con el Ministerio de Fomento o Puertos del Estado, “por lo tanto se desconoce la hoja de ruta propuesta por el Gobierno para la resolución del requerimiento europeo” de reforma de estiba. Se espera un plazo de transición de unos 18 meses de las actuales SAGEP a los Centros Portuarios de Empleo.

- El convenio sobre el trabajo portuario C137 de 1973 ya marcaba el deber de establecer registros para todas las categorías de trabajadores portuarios y que estos empleados tendrían prioridad a la hora de prestar el trabajo en los puertos.

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