Conflicto en los puertos

El Gobierno aprueba la reforma de la estiba y pide apoyo a la oposición

El ministro de Fomento reclama que se intensifiquen las negociaciones del nuevo convenio del sector para lograr la paz social

Atlas

El Gobierno ha dado el paso, tal y como estaba previsto, de aprobar en Consejo de Ministros el Real Decreto que reformará la estiba portuaria. Lo ha hecho sin contar por el momento con el respaldo de los grupos de la oposición, por lo que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha reclamado un ejercicio de responsabilidad para que el texto sea convalidado en el Congreso y España pueda cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que exige la liberalización de los servicios de manipulación de carga.

"Sería la primera vez que el Reino de España incumple el Tratado de la Unión, lo que resulta dañino para nuestra imagen y sería de difícil explicación por parte de los grupos políticos", ha aseverado De la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Real Decreto pasa a tramitación parlamentaria después de un aplazamiento de una semana en su aprobación, plazo extra que fue ofertado por Fomento a los sindicatos, liderados por Coordinadora, para que se activaran las negociaciones del convenio sectorial con la patronal Anesco. "Estamos convencidos de que hay mucho margen para garantizar los puestos y condiciones laborales de los trabajadores", ha señalado De la Serna, quien ha insistido en que la reforma de la Ley de Puertos de 2010 ha buscado respetar al máximo las peticiones de los estibadores. "La balanza en este Real Decreto está claramente decantada del lado de los trabajadores", ha subrayado, "hemos ido hasta los límites que nos ha permitido la Comisión Europea".

Además de apelar a la "responsabilidad" de la oposición parlamentaria, donde el Gobierno no ha sido capaz aún de lograr apoyos claros a esta liberalización, desde Fomento se ha pedido sentido común a sindicatos y patronal. Su objetivo es que la negociación pueda llegar a buen puerto a lo largo del año que ofrece el real decreto para que los convenios se adapten a la Ley. "Pedimos que se intensifiquen los contactos", ha dicho el ministro, quien se ha referido a las nueve jornadas de huelga convocadas a partir del 6 de marzo por los sindicatos como "instrumento que ofrece inestabilidad a la mesa de negociación".

El registro de trabajadores se queda fuera

El principal punto de conflicto entre sindicatos y Gobierno ha residido en la negativa ministerial a que sea creado un registro de trabajadores de la estiba en el que se fijen los requisitos de formación teórica y práctica para poder acceder a un puesto de trabajo en esta actividad. De la Serna y su equipo aseguran que la prohibición viene desde la Comisión Europea, y los sindicatos creen que España tiene margen para negociar con Bruselas y establecer un marco de la estiba similar al recién aprobado en Bélgica.

Coordinadora y el resto de sindicatos con representación en la estiba ya levantaron los paros convocados para los días 20, 22 y 24 de este mes precisamente a cambio de la prórroga de una semana. Sin embargo, las centrales esperaban a Fomento en las conversaciones y el ministerio, ausente de las mismas, ha enmarcado los contactos en la negociación colectiva.

El nuevo Real decreto de la estiba acaba con el monopolio de facto de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep). Estas empresas tienen como accionistas obligados a las empresas de la estiba, que además se ven forzadas a contratar su personal en las propias Sagep hasta cubrir un 25% de la actividad y, a partir de esa cota, deben acudir a estas bolsas de empleo de manera preferente. El nuevo contexto acaba con la citada doble imposición a las empresas de la estiba respecto a las Sagep, que podrán mantenerse perdiendo su exclusividad en los puertos. Además se permite la creación de Centros Portuarios de Empleo (CPE), que operarán "como ETT especializadas" en competencia, ha explicado De la Serna.

Para el salto de un modelo a otro se ha establecido un periodo transitorio de tres años, frente a los siete que demandaban los trabajadores. Según Fomento, la rebaja del plazo que ha llegado a demandarse a la CE también ha sido una imposición desde Bruselas.

El modelo regulado por la Ley de Puertos de 2010, que en su día consensuaron PP y PSOE, choca, según la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE, con el principio de libertad de establecimiento empresarial defendido por el Tratado de la Unión.

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