Operaciones

La CNMV exige a Barón de Ley que actualice el informe de valoración para aprobar su opa

Renta 4 elaboró un documento en julio que tasaba la compañía vitivinícola en 109 euros por acción

Eduardo Santos-Ruiz, presidente de Barón de Ley.
Eduardo Santos-Ruiz, presidente de Barón de Ley.

La opa de exclusión por Barón de Ley se dilata meses desde que se conocieron las intenciones de la empresa de salir de Bolsa el 21 de julio del año pasado. El anuncio oficial se hizo en septiembre, la oferta fue admitida a trámite el 8 de octubre y el mercado aún espera el folleto. La compañía vitivinícola tendrá que actualizar el informe de valoración elaborado por Renta 4, que tasa en 109 euros por acción la compañía, según ha comunicado la firma a la CNMV. Se ha quedado anticuado. Varios inversores, como Avantage Fund, han cargado contra esta operación, al aducir que abocaba a los minoritarios a vender a un precio que consideran injusto.

La empresa ha modificado el plan de negocio, como consecuencia de la evolución de los resultados de la segunda mitad de 2020, de manera que el organismo que preside Rodrigo Buenaventura ha solicitado a la empresa que elabore uno actualizado conforme a los nuevos datos. La firma  asegura al supervisor que está trabajando en ello, con el fin de que el folleto se pueda autorizar.

BARÓN DE LEY 120,00 0,00%

Barón de Ley ganó 20,6 millones de euros en 2020, un 24,8% menos respecto al ejercicio anterior debido al impacto del coronavirus y al cierre de la hostelería. La facturación alcanzó los 95,7 millones de euros durante el pasado año, lo que supone una caída del 4,2%. Las ventas en España cayeron un 10,9%. El desplome en la hostelería fue del 31%, aunque el canal de alimentación se vio favorecido por el efecto del trasvase de ventas desde hostelería.

El accionista mayoritario de Barón de Ley es Mazuelo Holding, con más de un 90%, sociedad que pertenece a Eduardo Santos-Ruiz Díaz, máximo ejecutivo, a su vez, del grupo bodeguero. La valoración fijada para la exclusión es de 109 euros por acción, que multiplica casi por ocho el precio al que debutó en julio de 1997: 14,12 euros por título.

Las críticas de los accionistas, entre ellos el fondo Avantage Fund, están en que, a su parecer, el presidente de Barón de Ley ha empleado una grieta legal para excluir la compañía de Bolsa a un precio inferior al real. En noviembre de 2018, como resultado de compras en el mercado, Mazuelo se vio obligado a lanzar una opa obligatoria a 108,73 euros por título.

La clave está en que esa opa se lanzó  con un crédito por un máximo de 290 millones concedido por CaixaBank a Mazuelo, sociedad en la que consolida Barón de Ley. El comprador se valió del balance de la cotizada, con su amplia caja, para que se lo dieran. Tras la oferta, esta sociedad pasó a Mazuelo pasó a controlar más del 90% del capital. Ahora tiene el 90,4% tras sucesivas compras en el mercado.

Pese a que en el folleto de esa oferta, que concluyó en marzo de 2019, Mazuelo asegura que “no existe la intención de promover la exclusión de cotización” e incluso afirma que tomaría medidas para garantizar la liquidez de las acciones en Bolsa, a finales del pasado julio cambió de opinión y quiere excluirla. Este viernes, la firma cerró a 110 euros por acción, frente a los 109 de la opa.

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