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Las plataformas de reparto tendrán que contratar temporales para los picos de demanda

Díaz retomará el próximo miércoles, 17 de marzo, las negociaciones con sindicatos y patronal para la contrarreforma laboral y la modernización del mercado de trabajo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicndo el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal para la nueva ley que regulará la relación laboral con las empresas de los repartidores de plataformas digitales, conocidos como
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicndo el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal para la nueva ley que regulará la relación laboral con las empresas de los repartidores de plataformas digitales, conocidos comoEFE

"Los repartidores de las plataformas de reparto a domicilio son trabajadores asalariados desde hoy", ha dicho rotundamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo social alcanzado anoche con los empresarios y los sindicatos para regular las condiciones laborales de los repartidores de las plataformas digitales de reparto.

De esta manera, Díaz expresaba que aunque la norma aún no ha sido aprobada --resta que reciba los informes jurídicos pertinentes y se lleve al Consejo de Ministros-- los trabajadores que desde hoy acudan a los tribunales para reclamar su relación de asalariados con su empresa, o porque sean desconectados (despedidos) o tengan un accidente laboral, contarán para probar dicha relación, además de con la sentencia del Tribunal Supremo que dice que deben ser trabajadores por cuenta ajena, con un acuerdo del diálogo social que les hará que se les reconozca esta situación. Y una vez aprobada la futura norma, en próximas semanas, ese reconocimiento de laboralidad en su relación con la empresa "será automático", sin necesidad de que lo prueben.

Díaz ha asegurado que el redactado de la norma, aunque excluye de su ámbito de aplicación a las personas que no estén bajo la normativa del Estatuto de los Trabajadores, no deja resquicios a las grandes plataformas para que sigan contratando a trabajadores por la vía mercantil en lugar de la laboral. Así por ejemplo, en caso de picos de demanda deberán contratar trabajadores temporales, como el resto de las empresas, ha dicho hoy la ministra.

Asimismo, las plataformas podrían recurrir a los servicios de subcontratación de empresas de flotas de repartidores, pero en ese caso, estas compañías digitales no podrían ordenar el trabajo de los riders, sino que tendría que ser la titularidad de la subcontrata la que organizara el trabajo de estos empleados. De lo contrario, se incurriría en cesión ilegal de trabajadores, explican fuentes de la Administración.

Para estas contrataciones sí se les permitirá, por ejemplo, recurrir a empresas de trabajo temporal. Si bien Díaz ha preferido no entrar hoy en esa cuestión concreta porque considera que es organización de las decisiones mercantiles de las empresas y eso, ha dicho, no le corresponde a las competencias del Ministerio de Trabajo.

De la misma forma, ha explicado que su Departamento ha quedado fuera de la "regulación" más amplia de las plataformas digitales, algo que corresponde, según ha insistido, a la vicepresidencia económica, liderada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. De hecho, ha atribuido a este reparto de competencias el hecho de que haya caído del acuerdo final con patronal y sindicatos, la creación de un Observatorio para analizar la marcha del sector de las plataformas digitales y, ampliar en su caso, el ámbito de aplicación de la norma acordada ayer. Por este mismo motivo también se cayó antes en la negociación la creación de un registro oficial de plataformas.

Junto al reconocimiento de la relación como asalariados de estos trabajadores, la norma --que adoptará la forma de disposición adicional del Estatuto de los Trabajadores-- Díaz ha destacado la otra cuestión que recoge el acuerdo: "se han acabado los castigos algorítimicos" para los trabajadores de las plataformas.

Así resumía la otra pata del acuerdo alcanzado ayer en la que, a través de una reforma del artículo 64 del mismo Estatuto, que regula los derechos de información, se reconoce a los representantes de los trabajadores a "ser informados por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles". Y esto se extiende a todo tipo de empresas (por lo general plataformas digitales) que usan estos algoritmos para decidir las condiciones laborales de sus trabajadores.

En este caso, la redacción final de la norma en materia de acceso a los algoritmos deja claro que la empresa solo tendrá que dar cuenta de los afectados laboralmente y no de otro tipo de carácter mercantil o industrial, que era una de las preocupaciones que estaba evitando el respaldo de los empresarios en la negociación.

En cualquier caso, Díaz apuntó que aunque la regulación de estas plataformas, en sus términos mercantiles y económicos, no responde a Trabajo sino a Economía, los trabajos de reforma del mercado de trabajo sí abordarán una "revisión de las condiciones de dependencia y ajenidad" de las relaciones laborales, que podrían llevar a ampliar este reconcimiento de la laboralidad a algunos de los trabajadores del resto de plataformas.

Se retoma la contrarreforma laboral

Precisamente, la ministra ha anunciado también hoy que el próximo miércoles 17 de marzo, ha convocado a los representantes patronales y sindicales para retomar esas negociaciones para modernizar el mercado de trabajo y derogar los aspectos más lesivos de la contrarreforma laboral --terminos que Díaz evitó decir hoy--.

Además ha precisado que en esa mésa del diálogo social se incluirán las cuestiones que ya estaban avanzadas antes de la pandemia y que afectan, sobre todo a la negociación colectiva (eliminación de los límites a la ultraactividad de los convenios y cambiar la prioridad aplicativa del convenio de empresa por el sectorial) y a la adopción de nuevos límites a la subcontratación. Pero también formarán parte de esta mesa negociadora las reformas comprometidas con Bruselas en el marco de la recepción de fondos para la reconstrucción, que tienen que ver con eliminar el abuso de la temporalidad o diseñar un esquema permanente para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

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