Normativa laboral

La aprobación de la ‘ley de riders’ encalla en su redacción final

UGT advierte de que la futura normativa "va camino del naufragio" y culpa a la patronal y al Gobierno de la tardanza en que reciba el visto bueno

Manifestación convocada por Repartidores Unidos y APRA (Asociación Profesional de Riders autónomos) por las calles de Palma de Mallorca.
Manifestación convocada por Repartidores Unidos y APRA (Asociación Profesional de Riders autónomos) por las calles de Palma de Mallorca.

Medio año después de iniciarse las negociaciones entre el Gobierno y los interlocutores sociales para regular las condiciones laborales de los repartidores de las plataformas digitales de reparto a domicilio –la conocida como ley riders– y después de haber llegado a un consenso en torno a su principal objetivo: convertir a estos trabajadores en asalariados, la redacción final de este texto legal amenaza con dar al traste con el acuerdo.

A pesar de que desde el Gobierno lanzan constantes mensajes asegurando que su aprobación en el Consejo de Ministros es inminente, algunos de los negociadores empiezan a dudar de cuándo y, sobre todo, con qué contenido se aprobará la norma. Ayer, el sindicato UGT publicaba en el último número de su revista Unión que esta ley que regulará las relaciones laborales de los repartidores “va camino del naufragio”, pues la mesa de diálogo social que la negocia “está fracasando en su objetivo”.

El sindicato arremete en esta publicación tanto contra las patronales CEOE-Cepyme, a las que acusa de no aportar propuestas en la negociación como maniobra dilatoria, como contra el Ejecutivo por haber renunciado a peticiones sindicales que asumió en un principio como aplicar la ley a todas las plataformas digitales y no solo a las de reparto y hacer un registro de plataformas.

Lo cierto es que tras la última reunión para negociar la ley el 23 de febrero, el Ministerio de Trabajo anunció que los empresarios habían aceptado que las plataformas digitales de reparto convirtieran en asalariados a sus repartidores, trasladando así a la norma la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 25 de septiembre que decía que esta relación debía ser laboral y no mercantil.

Además, Trabajo quedó en mantener reuniones técnicas de carácter bilateral con los representantes patronales y sindicales por separado y es, precisamente, en estos encuentros para determinar la redacción final del texto legal donde están surgiendo diferencias que, si no se remedian, podrían obligar al Gobierno a legislar en solitario o con una sola parte.

Desde la patronal aseguran que siguen apostando por el consenso alcanzado en las negociaciones y que en estos momentos están en proceso de redactar la ley, de forma que la técnica jurídica refleje fielmente lo acordado entre los negociadores.

Entre las cuestiones más delicadas para los empresarios está que el acceso de los representantes sindicales a los algoritmos que usan las plataformas quede bien circunscrito a aquellos de carácter laboral y no industrial, por lo que buscan matizar la redacción.

Por su parte, desde las asociaciones de riders contrarias a convertirse en asalariados advirtieron lo que ya han trasladado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “El Gobierno se ha esforzado en pintarnos como precarios, pero nos aboca al modelo de Just Eat, donde el repartidor trabaja para una flota, con un contrato de 15 horas por 400 euros y tiene que estar disponible para trabajar siete días de la semana a cualquier hora, además de poner la moto y el móvil”.

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