Un tiempo de gracia que hay que aprovechar para ajustar la economía

España tiene que poner en marcha cuanto antes una estrategia de saneamiento a medio y largo plazo de las cuentas públicas

En un ejercicio de realismo acorde con la crisis que asola Europa, la Comisión Europea planteó ayer una prórroga de la suspensión de las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites del 3% al déficit y del 60% a la deuda pública de los Estados miembros, como fórmula para dar tiempo a que los países puedan seguir adoptando medidas de estímulo a las economías. La intención de Bruselas es que la denominada cláusula de escape siga en vigor también durante 2022 y que el debate sobre su desactivación no comience hasta 2023. Aunque de momento se trata solo de una propuesta –se estudiará el próximo abril, una vez que las previsiones de primavera estén sobre la mesa–, la frágil salud de las economías y el complejo horizonte que ha creado la tercera ola de la pandemia hacen prever que la idea cristalice y retrase, al menos un año más, la vuelta a la disciplina presupuestaria.

Es evidente que la propuesta de Bruselas beneficiará a unos países más que a otros, especialmente a aquellos que arrastran un mayor desequilibrio en sus cuentas públicas, como es el caso de España. La economía española llegó a la crisis actual sin haber logrado equilibrar su desajuste fiscal, pero la enorme factura que ha generado el coste sanitario, económico y social de la pandemia y de las medidas para controlarla han llevado el déficit público hasta el entorno del 11,3% al cierre de 2020, según las previsiones del Gobierno, pendientes aún del dato definitivo. En este contexto, la prórroga de la cláusula de escape proporcionaría algo más de tiempo a España para reconducir la economía y ponerla en condiciones de comenzar a crecer. En cualquier caso, meter en cintura el déficit y la deuda pública es una labor hercúlea, que requiere medidas efectivas de reforma estructural y que consumirá un horizonte temporal de varios años. Los cálculos de Airef cifran que ese esfuerzo puede suponer dos décadas de ajustes y que recuperar el umbral de deuda pública avalado por la UE, del entorno del 60% del PIB, puede retrasarse hasta pasado 2050.

Con un panorama como ese, y aunque la prórroga de Bruselas se confirme, el Gobierno tiene que poner en marcha cuanto antes una estrategia de saneamiento a medio y largo plazo de las cuentas públicas, además de aprobar las reformas estructurales que la economía tiene pendientes y que son imprescindibles para flexibilizar la actividad y facilitar el crecimiento. El tiempo de gracia de Europa es limitado y la tarea que tiene España por delante para sanear fiscalmente el país es ingente, y exige, como primer paso, enviar un mensaje firme y claro a los mercados de que el país puede y quiere regresar a la senda del equilibro presupuestario.