Seopan pide a Bruselas ampliar el plazo para ejecutar los fondos de la UE en 2021

No está dispuesta a renunciar a los 34.000 millones que le corresponden a las constructoras

Seopan Desplome construcción Pulsar sobre el gráfico para ampliar

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido esta mañana de las dificultades que van a tener las constructoras para ejecutar los 35.000 millones de euros que les corresponden para este año dentro del plan de ayudas habilitado por la Comisión Europea.

En un encuentro con medios de comunicación, Julián Núñez, presidente de Seopan, ha recalcado que va a ser muy difícil cumplir los plazos previstos y eso podría suponer la pérdida de dicha financiación. "El problema fundamental viene de Europa, ya que cuando presentó el plan de recuperación había diseñado un escenario de normalidad en 2021, cuando en la actualidad seguimos con confinamientos, restricciones a la movilidad y con ayudas a los sectores más vulnerables. Creo que debería darse más plazo, ya que es muy difícil cumplir con esos plazos y no queremos renunciar a fondos que no se ejecuten pese a la buena gestión de las administraciones", ha señalado.

En el análisis del reparto de esos 35.000 millones de euros, 24.054 millones llegarán mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al Gobierno central y posteriormente se repartirá entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (4.984 millones), el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (6.661 millones) y el resto de Ministerios (12.409 millones). Los restantes 9.011 millones corresponde a fondos ligados a la cohesión territorial, que serán gestionados por comunidades autónomas y ayuntamientos. En el caso de la partida de Transportes, Núñez criticó el efecto limitado de la inversión en vivienda y rehabilitación, si no hay más inversión privadas, la ausencia de fondos para recuperar el transporte de mercancias y la escasa dotación para el transporte ferroviario. En cuanto a la ligada a Transición Energética, precisó que la partida asignada a depuración y saneamiento (148 millones) es claramente insuficiente para una inversión pendiente de 1.400 millones. "Hay más de dos millones de viviendas que no tienen alcantarillado y depuración y España está pendiente de sanciones".

De los 35.000 millones, apenas 2.641 le corresponde al sector privado. En este sentido, Seopan ha insistido en la necesidad de modificar la tasa de descuento que prevé la legislación (en torno al 5%) para conseguir atraer capital privado y que admita la propuesta trasladada desde la CEOE para que los proyectos acogidos a los fondos europeos estén excluidos de la tasa de descuento que fija la ley de desindexación, con el fin de que el capital privado no se quede al margen. En cualquier caso, Núñez aclaró que Hacienda tendrá la última palabra a la hora de cualquier cambio en la norma.

La organización también ha presentado un balance del impacto que la pandemia ha tenido en la actividad de las empresas que representa. Entre marzo y diciembre de 2020 se produjo, como consecuencia de la paralización administrativa derivada de la crisis del coronavirus, una caída en la licitación pública de 4.644 millones de euros, la tercera más importante después de los desplomes de 2010 y 2011, en mitad de un ajuste fiscal sin precedentes tras la Gran Recesión de 2008. A esa merma se suman otros 4.286 millones perdidos por la falta de contratación pública. Una parálisis que también ha afectado a las concesionarias de autopistas, que en esos diez meses sufrieron un descenso de la movilidad del 37%, lo que representó un menor tráfico cuantificado en 8.300 vehículos al día.

El torrente de fondos europeos hará que estas cifras vuelvan a tasas positivas en 2021, en un período que Nuñez previó que estará marcado por la incertidumbre. La patronal ha estimado que el crecimiento potencial de la actividad constructora oscilará entre un 1% y un 2,7% respecto al anterior ejercicio. "Esas cifras están condicionadas por la ejecución presupuestaria, fundamentalmente de Adif, que representa el 24,4% de la obra civil nacional, y también por las decisiones que las administraciones públicas adopten para impulsar contratos de colaboración público-privadas".

Núñez aprovechó la comparecencia para destacar el importante deterioro económico que van a sufrir las concesionarias como las administraciones públicas por la reversión de los peajes. Los cálculos de Seopan prevén que el déficit público se elevará en 286 millones este año y en 478 millones en 2022 por la ausencia de ingresos y el mayor coste de mantenimiento de las carreteras.

Normas
Entra en El País para participar