El Gobierno abre la vía a reclamar la propiedad de 35.000 inmuebles inmatriculados por la Iglesia

El Consejo de Ministros presenta hoy un informe tras los análisis realizados junto a la Conferencia Episcopal facilitará identificar cuáles no están dedicados al culto y deben tributar

Bienes Iglesia
Mezquita de Córdoba, uno de los bienes inmatriculados por la Iglesia.

El Gobierno ha terminado por abrir el melón de las inmatriculaciones de inmuebles por parte de la Iglesia Católica en España, los edificios que ha tenido la potestad de adjudicarse simplemente declarando que son de su propiedad.

Un informe elaborado por la vicepresidencia primera del Gobierno, que presentará hoy su titular, Carmen Calvo, tras una tanda de reuniones con la Conferencia Episcopal, concluye que la Iglesia se ha inmatriculado 34.961 inmuebles entre 1998 y 2015. El listado incluye edificios tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, o la Giralda de Sevilla, cuya titularidad podrá ser reclamada ahora por particulares o administraciones.

“Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuáles, 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica, o dependencias complementarias, afectas a obligaciones armoniosos con la presencia de una confesión religiosa”, detalló Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, expuso, recoge “14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas, locales, y otra tipología” diferente al culto.

“El conjunto tiene una intensidad diferente por comunidades autónomas y territorios pero arroja un dato importante, 30.335 [inmatriculaciones] lo han sido en virtud de certificación eclesiástica. Lo que la modificación del año 1998 permitía en la ley hipotecaria es lo que ha hecho posible que, con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente, pudiera hacerse”, agregó, defendiendo que la Iglesia tuvo amparo legal para ello con la reforma legislativa que impulsó aquel año el Gobierno de José María Aznar. “Otras 4.626 constan como inmatriculación a título distinto, bastante y suficiente, para la demostración de la propiedad en el registro”, dijo. Aunque el Ejecutivo no ha encontrado irregularidades, la lista abre la posibilidad a terceros de reclamar la titularidad de estos inmuebles (por vía administrativa o judicial), y permitirá a las administraciones tributarias identificar por cuáles debe exigir el pago de impuestos a la Iglesia

El asunto estaba pendiente de abordar después de que el Gobierno pusiera en marcha varias comisiones técnicas, de la mano de la Conferencia Episcopal Española, el año pasado, con la intención de alcanzar conclusiones en otoño. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya solicitó al Colegio de Registradores de la Propiedad un listado de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia, si bien la medida no tuvo consecuencias.

El listado final de inmuebles se queda algo por debajo de los 40.000 inicialmente estimados por los socialistas, y en línea con los datos de la Conferencia Episcopal, que ya advirtió, sin embargo, que no contaba con un registro único al corresponder la titularidad de los bienes a cada Diócesis concreta.

El listado presentado ante el Consejo de Ministros permitirá analizar qué edificios se ha arrogado la Iglesia indebidamente y estudiar cuáles de ellos deben estar sometidos a gravamen, pues el Acuerdo con la Santa Sede de 1979 solo deja exentos aquellos destinados al culto.

Pago de impuestos

Aquel pacto ha permitido a la Iglesia Católica evitar el pago de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas, el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el impuesto de sociedades, el de Actividades Económicas, contribuciones especiales o el de obras. Eso sí, tal y como aclaró el Tribunal de Justicia de la UE, la exención solo rige sobre inmuebles dedicados al culto, pues ofrecerla a todo el conjunto puede considerarse ayudas ilegales de Estado. La decisión de la justicia europea permitió, por ejemplo, que Getafe cobrase el impuesto de obras por la reforma de un colegio religioso. Las distintas administraciones tributarias podrán revisar ahora qué tributos paga la Iglesia por esos 15.000 inmuebles ajenos al culto, y exigir su abono cuando no lo haga.

“La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias”, sostiene en su web la Iglesia.

Según la asociación Europa Laica, sin embargo, esta ventaja fiscal permitiría a la congregación católica ahorrarse unos 2.000 millones de euros en el pago anual de impuestos, y un beneficio de 300 más por los inmuebles inmatriculados a su nombre.

El acuerdo con el Vaticano ya fue revisado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que obligó a la Iglesia a pagar el IVA por sus actividades no religiosas y educativas, como pedía la Unión Europea, si bien compensó la medida elevando del 0,52% al 0,7% la asignación a la Iglesia en el IRPF.

El listado remitido este martes al Congreso abarca todo el periodo de inmatriculaciones realizadas bajo la ley hipotecaria de Aznar, que permitía a la Iglesia registrar bienes a su nombre sin aportar pruebas de su titularidad, como si se tratara de una administración pública. Una prerrogativa a la que dio marcha atrás, en 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Respuesta de la Conferencia Episcopal

Por su parte, la Conferencia Episcopal defiende que Iglesia ha inmatriculado “los bienes que durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor”, que pasan por el apostolado, el culto y la caridad, recoge Servimedia.

La Conferencia sostiene que el sistema de inmatriculaciones al que puso fin Rajoy tenía por objetivo compensar los efectos de la desamortización de Mendizábal de 1836, que privó a la Iglesia de la propiedad de muchos de sus inmuebles, y la inhabilitó para registrarlos hasta 1998.

Según sus cálculos, 3.000 de los bienes inscritos son de interés cultural y muy pocos son rentables. “Sin embargo, tal y como demostró hace poco un informe de la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB)”, apostillan los obispos.

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