Los transportistas se aferran a la promesa del Gobierno contra los peajes en autovías
Rechazan cualquier tipo de ecotasa en la Ley de Movilidad y esgrimen el compromiso del secretario de Estado Pedro Saura
La vuelta a escena de un posible pago por uso en las autovías tiene en guardia a todo el sector del transporte de mercancías por carretera, que lo ve como una amenaza. Preocupa la dirección en que avanza el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que tramita el Ministerio de Transportes. Máxime cuando el departamento que dirige José Luis Ábalos aprecia que “en general, se acepta la entrada en la senda de una fiscalidad verde centrada en la reducción de emisiones, siguiendo el principio de quien contamina, paga”.
Esta afirmación figura en el resumen, publicado el viernes, de las 306 aportaciones al texto legal recibidas durante el periodo de consulta pública (del 22 de julio al 15 de noviembre), donde también se describe la frontal oposición de los transportistas a una euroviñeta o ecotasa.
El compromiso del secretario de Estado Saura frenó una huelga del transporte de carga por carretera a finales de julio del año pasado
El tejido asociativo esgrime en su defensa una carta firmada el pasado verano por el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El número dos del Ministerio se comprometió el 23 de julio por escrito, ante el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), a que “no se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.
En esa misma misiva, Saura también señalaba que no se procedería a la modificación de la normativa de masas y dimensiones de los camiones, y volvía a utilizar la fórmula “sin el consenso del sector”. Esta aseveración congela cualquier paso, previsto en principio para este mes de mayo, para impulsar el uso de caminones de 4,5 metros de altura y 44 toneladas con el objetivo de elevar la carga por viaje y facilitar la reducción de emisiones. La medida venía contemplada en un ramillete de actuaciones del Plan de Impulso a la Industria de la Automoción, de junio de 2020, para la mejora de la competitividad en la logística de transporte.
“Veremos si se impone lo articulado en junio respecto a la ampliación del límite de carga o lo hace la promesa que Pedro Saura realizó al sector en julio. De ahí podremos estar más o menos tranquilos con la tarificación de autovías”.
La carta de Transportes a la CNTC, que las federaciones del camión entendieron como compromiso del Gobierno, frenó una huelga del transporte de mercancías por carretera los días 27 y 28 de julio.
El caso catalán
Otra fuente de inquietud para el sector es el resultado electoral en Cataluña. Representantes de grandes asociaciones, consultados por este periódico, temen la apertura del debate sobre un gravamen a vehículos pesados, “siguiendo el modelo de Guipúzcoa”, si se impone la formación de un Ejecutivo liderado por ERC. El partido republicano habla a las claras en su programa de la orientación ambiental de una futura Ley de Financiación de las Infraestructuras.
“Tenemos peaje en la salida a Francia por el País Vasco, aunque el sector ha ganado dos sentencias y aún debe hablar el Supremo, y podríamos encontrarnos con peajes en Navarra y Cataluña”, lamenta el responsable de una de esas asociaciones.
En el contexto actual de crisis, el sector reclama unidad de criterio en todo el país y una regulación realista. La actual falta de alternativas al motor de combustión, incluido el motor eléctrico o el alimentado por gas natural, deja a las empresas del transporte sin alternativas para la modernización de flotas a varios años vista.
Otro de los argumentos que usan ante la Administración es el pago del impuesto especial sobre los hidrocarburos, que tiene el cuenta el efecto del camión sobre la infraestructura y el entorno. Pese a ello, al transportista español se le devuelve cada año cualquier exceso sobre el impuesto mínimo que marca la Unión Europea.
Conflicto siempre latente
Situación crítica. Organizaciones del transporte como la CETM y la CNTC llevan meses hablando del grave estado en que se encuentran miles de pymes del sector por el impacto de la crisis sanitaria. En los meses más crudos del estado de alarma se dio un alza en los retornos en vacío, una bajada de precios y un alza de la morosidad. En ese contexto de dificultad, en julio de 2020 se amenazó con una huelga para frenar cualquier intento de nueva tasa al camión.
Impulso. El Gobierno ha defendido su apoyo al sector a través de la elaboración de un Plan de Impulso para el Transporte 2021-2023, con el que garantizar la sostenibilidad del sector; el trabajo en un Paquete de Movilidad que ponga freno a la competencia desleal, o la regulación de un régimen sancionador a la morosidad. Incluso se han estudiado las posibilidades de un plan renove que no choque con la regulación de ayudas de minimis de la UE.
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