Okupas, lobos y el vaciamiento del derecho de propiedad
El Gobierno toma medidas que obligan a propietarios de viviendas y a ganaderos a poner su patrimonio a solventar prioridades del Estado
Hubo un tiempo en el que los padres motivaban a sus hijos con la fábula del ascensor social. La moraleja se resumía en que si eras aplicado en los estudios, tendrías un buen trabajo que te compensaría con un buen salario que te permitiría ahorrar y, al cabo de un tiempo, comprar una casa, que sería tu hogar. El progreso personal se vinculaba al esfuerzo y al mérito.
La fábula funcionaba porque ese progreso económico y social estaba, además, amparado por la ley. El artículo 33.1 de la Constitución reconoce el “derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Si no existiera ese derecho, quizás el desarrollo personal no fuera argumento suficiente para emplear un tercio del día en trabajar para otro.
Pues bien, en los últimos meses, este derecho a la propiedad privada está siendo vaciado con normas que nacen al amparo de la pandemia y que básicamente consisten en trasladar al sector privado, utilizando su patrimonio, funciones que corresponden al Estado. Estos cambios tienen el sesgo ideológico de Podemos, pero son realidad gracias al peso de Pedro Sánchez.
El sello de Podemos se nota en aspectos que eran fáciles de imaginar: fiscalidad y vivienda. De ahí ha venido que la presión fiscal a los sueldos de más de 300.000 euros anuales suba este año dos puntos, hasta el 47%, o que los rendimientos del capital superiores a 200.000 euros tributen un 26%, tres puntos más. De paso también se subió el impuesto de sociedades a los “grandes grupos empresariales” eliminando algunas deducciones. Cosas de grandes patrimonios y empresas.
Llegó enero, y el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2021 “de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”. Bajo este enunciado, una norma, que en teoría estará vigente sólo hasta que finalice el estado de alarma (9 de mayo), reconoce un derecho insólito a los okupas. Una persona o familia en situación de vulnerabilidad no podrá ser desalojada de una vivienda si ha entrado a la misma sin violencia ni intimidación y si el propietario de la misma es una empresa o un particular que tenga 10 o más viviendas. Cosas de rentistas.
Ahora, el Gobierno está redactando la nueva Ley Estatal de Vivienda y, otra vez, Podemos, aprovecha la coyuntura de crisis para ir contra los propietarios de varias viviendas. De entrada, quiere rebajar la consideración de gran propietario a aquella empresa o particular que tenga cinco o más viviendas, en lugar de los 10 que había establecido en el real decreto antes mencionado. Además, la organización de Pablo Iglesias pretende que estos grandes propietarios destinen un 30% de sus viviendas a alquiler social, a un precio que ya les dirán. Esto, tal cual, lo ha dicho Ione Belarra, miembro de la dirección de Podemos y alta representante del Gobierno de España, en cuanto que secretaria de Estado de Agenda 2030. Quiere construir un parque de 150.000 viviendas sociales con propiedades privadas. Cosas de ricos y rentistas.
Una semana después de que el Gobierno aprobara el real decreto que, de alguna manera, reconoce derechos a los okupas, el Tribunal Constitucional echaba al traste la filosofía que hay detrás. En una sentencia a un recurso contra el decreto-ley de 2019 del Gobierno de Cataluña de “medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda”, el Constitucional, además de cuestionar las competencias de la Generalitat, sostiene que no puede haber perjuicio económico para los propietarios sin una compensación y que los grandes tenedores de viviendas no están obligados a ofrecer alquiler social, que es un deber que concierne a la Administración.
El 4 de febrero fue el turno de los propietarios de ganaderías extensivas, básicamente vacas, ovejas y cabras, de las regiones al norte del Duero. La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluía al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que implica la prohibición de su caza. Este cambio, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Teresa Ribera, que no es Podemos), otorga al lobo estatus de intocable, que en su caso equivale a licencia oficial para atacar la propiedad privada de los ganaderos. ¿Por qué? No es de extrañar que el ministro del ramo, Luis Planas, esté cabreado. Cosas de ganaderos.
Ya saben lo que dice el poema atribuido inicialmente a Bertolt Brecht y luego al cura Martin Niemöller. Reinterpretado sonaría algo así: “Cuando vinieron a buscar a las grandes empresas, guardé silencio, porque yo no era una gran empresa. Cuando fueron a por los ricos…. Cuando fueron a por los ganaderos…. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar”.
Podemos, que es una máquina de cálculo electoral, cuenta con que estas medidas afectan a muy pocas personas, puesto que lamentablemente en este país hay muy pocos que ganen más de 300.000 euros y/o tengan más de cinco viviendas. En los territorios ganaderos no tienen ni un diputado regional ni se les espera. Ellos, que deben buena parte del éxito a las plataformas de afectados de la hipoteca, disfrutan apretando al multipropietario y saben que la ciudadanía no se va a movilizar.
El poema es una crítica a la inacción de la sociedad alemana, que permitió que un gobierno nazi persiguiera y matara desde el Estado. La paradoja está en que este tipo de medidas del Gobierno de coalición seguramente alimentan a Vox, un partido de ultraderecha, que defiende una regresión de derechos sociales inimaginable, pero que tiene a la propiedad privada en el frontispicio.
Pedro Sánchez juega con fuego si cree que le beneficia el hundimiento de un PP moderado, que puso Santiago Abascal en su sitio en la moción de censura. No extrapole Cataluña, esa es otra historia.
Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense