Por qué Andorra debería estar en la lista de paraísos fiscales

El proyecto de ley de lucha contra el fraude debe fijar un nivel de imposición para incluir países en esa categoría

Estos días estamos asistiendo a un intenso debate social en torno al traslado de algunos famosos youtubers a Andorra para acogerse al más que beneficioso sistema impositivo del Principado. Y más allá de algunas voces que excusan el comportamiento de estos jóvenes millonarios, porque supuestamente estarían huyendo de lo que llaman un “infierno fiscal” –cuando la realidad es otra muy distinta, que se impone con solo echar un vistazo a los países europeos y comprobar cómo en todos los más desarrollados y con mayores niveles de bienestar, la presión fiscal es significativamente más alta que la nuestra–, una mayoría de ciudadanos les reprochan este comportamiento, por considerarlo insolidario.

Pero al margen del efecto negativo que este comportamiento puede conllevar respecto de los miles de jóvenes seguidores –dicen que millones–, cuya conciencia fiscal no contribuyen estos youtubers precisamente a fomentar, lo cierto es que si anuncian su traslado a Andorra y no a Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia…, es porque allí van a pagar muy pocos impuestos. Y ahí es donde reside el verdadero problema.

El pasado 21 de enero, el Parlamento europeo aprobó una importante y esclarecedora resolución que, no obstante, ha pasado desapercibida para la mayoría de la ciudadanía, en relación con la lista de paraísos fiscales de la UE, que tantos ríos de tinta informativa hizo correr hace tres años con su aprobación.

Esa resolución, validada con el voto del 90% de los eurodiputados, señala que las jurisdicciones que figuran actualmente en la lista cubren menos del 2% de las pérdidas de ingresos fiscales de todo el mundo, lo que hace que la lista sea confusa e ineficaz. Además, recuerda que según la encuesta del Eurobarómetro de otoño de 2016, el 86% de los ciudadanos de la UE están a favor de normas más estrictas sobre elusión fiscal y paraísos fiscales. Y concluye pidiendo a la Comisión y al Consejo, entre otras cuestiones, que propongan un nivel mínimo efectivo de imposición, en un nivel justo y suficiente, que constituiría un criterio independiente para la inclusión en la lista de la UE, a fin de desalentar la transferencia de beneficios y prevenir la competencia fiscal perjudicial.

Mientras, en España, se está tramitando en las Cortes el proyecto de Ley de prevención y lucha contra el fraude, en el cual si bien se establece la baja o nula tributación como uno de los criterios que puede llevar, por sí solo, a un país a ser incluido en nuestra lista de paraísos fiscales, no concreta qué se debe entender por “baja” tributación.

Señala, tan solo, que existe baja tributación cuando en el país o territorio de que se trate se aplique un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En consecuencia, tal y como han planteado varios grupos parlamentarios en el trámite de enmiendas al proyecto, debería establecerse un nivel de imposición, en una determinada proporción a la de nuestros impuestos sobre la renta y sociedades, que conllevara la inclusión en la lista de países como Andorra, cuyo tipo único del 10% en el impuesto sobre la renta constituye un nivel considerablemente inferior al de nuestros tipos, y los de todos los países desarrollados de Europa.

Y ello, como acaba de manifestar casi unánimemente el Parlamento europeo, para desalentar la competencia fiscal perjudicial que casos como los de los millonarios youtubers ponen en evidencia.

Pero no es un problema específico de los youtubers, sino que por desgracia también concierne a las grandes empresas transnacionales, y especialmente a las tecnológicas, que desvían buena parte de sus ingresos a territorios de escasa o, a veces, nula tributación con el fin de abaratar su factura fiscal.

Este tipo de actividades muestran las costuras de un sistema tributario que ha quedado obsoleto. Y que urge reformar para actualizarlo basándose en una acción coordinada de armonización fiscal, cuyos resultados taponarían los agujeros por los que cada año se pierden cantidades ingentes de dinero que, a tenor de las circunstancias, ahora también servirían para reforzar la lucha contra la pandemia y acelerar la reconstrucción.

Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)