Miles de empresas reclaman soluciones financieras para mantenerse vivas

Las autoridades deben facilitar mecanismos rápidos tanto a las empresas sin futuro para que sean liquidadas como a las que son viables si logran financiación

La estadística de procedimiento concursal del INE el viernes pasado y la de Axesor la víspera revelaron la evolución de los concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos) durante 2020, con un notable descenso en el número de expedientes pese a la devastadora contracción económica del año pasado. Lógicamente la fuerte caída de empresas concursadas responde únicamente a la regulación de urgencia que puso en marcha Economía para evitar precisamente una avalancha de concursos de acreedores, y que está en vigor hasta el 14 de marzo. En teoría no es preciso que las empresas con problemas de tesorería y de solvencia acudan al juzgado a solicitar el concurso si tienen algún tipo de ayuda pública, y los jueces no están obligadas a admitirlos a trámite si son presentados. Pero esta suspensión cautelar de la norma oculta una artificial situación de las empresas de muchas actividades ligadas a la movilidad y al ocio, que necesariamente tendrá que aflorar cuando se levante tal cautela.

En 2020 las empresas en concurso cayeron un 14,4%, y únicamente las de hostelería registraron un avance en las solicitudes, señal inequívoca de que se trata de la rama de actividad más dañada por la pandemia económica y que, nutrida por sociedades de pequeño tamaño, no dispone de la musculatura financiera para resistir tanto tiempo. Las que han logrado resistir pese al deterioro de su tesorería esperan que se levanten las restricciones normativas para proceder a un reajuste de su situación frente a los acreedores y poder mantener la actividad, o para dar carpetazo definitivo a su trayectoria por incapacidad para sobrevivir. Aplazar más tiempo la norma excepcional solo incrementará el número de zombis y destruirá más riqueza.

Los Ministerios de Economía y Justicia llevan varios meses trabajando en la trasposición de la Directiva de Insolvencia, que tiene que adaptar la Ley Concursal nacional, y que difícilmente estará disponible para ser aplicada de inmediato. En todo caso, las autoridades, en vez de proceder a otra prórroga en marzo que prolongue el deterioro de las cuentas de las afectadas, debe facilitar mecanismos rápidos de solución tanto a las empresas sin futuro alguno para que sean liquidadas como a las que son viables si logran un arreglo con los financiadores y acreedores. El Consejo General de Economistas recomendaba el pasado viernes, como solución transitoria, la búsqueda de acuerdos extrajudiciales de pagos o acuerdos de refinanciación en situaciones de preinsolvencia, para limitar la destrucción de tejido productivo. Es una buena noticia también que, al menos, se abra la opción de facilitar ayudas públicas directas a empresas que a día de hoy sean viables para aliviar en parte la necesidad de acudir al procedimiento concursal.