El Gobierno aprueba moratorias de nueve meses para los créditos hipotecarios y de consumo

También establece prórrogas para empresas turísticas y de transporte

La ministra de Economía, Nadia Calviño.
La ministra de Economía, Nadia Calviño. EP

El Gobierno ha extendido este martes otro de los pilares del llamado escudo social al ampliar a nueve meses la cobertura de las moratorias hipotecarias y de créditos al consumo, que podrán solicitarse hasta el 30 de marzo. Quienes pidan esta ayuda por esas fechas y cumplan con los requisitos fijados por el Ejecutivo, por lo tanto, podrán disfrutar de esta tregua hasta final de año.

Estas moratorias, ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, complementan a otras como la extensión de los ERTE, la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta el fin del estado de alarma o las moratorias del pago de las rentas, también hasta el 9 de mayo. A la nueva figura de protección podrán acudir los colectivos vulnerables, los autónomos o las empresas del sector turístico y de transportes.

La moratoria de créditos hipotecarios podrán solicitarla aquellos que paguen cuotas por su vivienda habitual o por un local donde se esté desarrollando su negocio, así como los propietarios de una vivienda en alquiler que hayan dejado de percibir las rentas del inquilino durante el estado de alarma. La moratoria también se aplicará a las personas vulnerables que estén haciendo frente a créditos al consumo o a cualquier otro tipo de financiación con cuotas periódicas.

En el grupo de colectivos vulnerables se encuentran las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo debido a la crisis sanitaria o que estén sujetos a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), así como los autónomos con una caída de sus ventas de al menos el 40% y unidades familiares cuyos ingresos totales no superen en tres veces el Iprem en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, esto es unos 1.695 euros mensuales.

También entran en la definición de consumidor vulnerable aquellos cuyas cuotas de préstamos hipotecarios, más los gastos y suministros básicos de la vivienda como la luz, el agua o el gas, sobrepasen el 35% de los ingresos familiares, así como a las personas cuyo esfuerzo para pagar las letras de la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,3.

"Lo que pretendemos es que las personas en situación de vulnerabilidad o aquellos entornos empresariales que se han visto más afectados con motivo de la restricción de movilidad puedan tener instrumentos que les permitan atender a sus obligaciones y ser capaces de racionalizar los compromisos de pago", ha señalado Montero.

En septiembre, el Consejo de Ministros prorrogó hasta el 31 de enero la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda durante seis meses para evitar subidas "abusivas" y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Sin embargo, el Gobierno no amplió la duración de la moratoria hipotecaria, una de las medidas más relevantes del llamado escudo social, que se pudo solicitar hasta el 29 de septiembre.

Hasta el momento, según los datos oficiales actualizados por el Banco de España la semana pasada, cerca de 220.000 personas se han beneficiado de la moratoria hipotecaria impulsada por el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria, a las que les suman otras casi 795.000 que no cumplían los requisitos marcados por el Ejecutivo y que tuvieron que recurrir a las moratorias sectoriales impulsadas por las entidades privadas. Se le añaden, por último, otras 363.000 personas que se han acogido a la moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

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