El Gobierno prorroga los contratos y las moratorias en el alquiler hasta el 9 de mayo

El Ejecutivo negocia también recuperar la moratoria hipotecaria hasta el 31 de marzo

El Gobierno ampliará en el Consejo de Ministros de mañana varias de las medidas en materia de vivienda contempladas en el llamado "escudo social". Por un lado, se extenderá la prórroga automática y obligatoria de los contratos de alquiler que expiren antes del fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Por otro, se extenderán las moratorias de deuda arrendaticia "para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica" derivada del coronavirus, confirman fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

En un principio, la ampliación de los contratos de alquiler estaba contemplada hasta el 21 de agosto de 2020, se amplió hasta el 30 de septiembre, recientemente hasta el 31 de enero de 2021 "y ahora se propone que se extienda hasta la finalización del actual estado de alarma". Esta prórroga podrá aplicarse, previa solicitud del inquilino, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, sin que pueda haber cambios en las rentas mensuales a pagar, por ejemplo.

Esta medida "solventa la anomalía transitoria de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y, en un contexto de movilidad condicionada o reducida y de actividad y rentas arrendaticias afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar", explican desde el Ministerio. Se concede un "margen justo y razonable" al inquilino sin penalización para el propietario. El equilibrio entre ambas partes y las consecuencias de esta medida, añaden, "no pueden ser más que positivas, ya que en España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario".

En el caso de las moratorias de deuda arrendaticia, se aplaza por ley también hasta el 9 de mayo el pago de las rentas por parte del inquilino en el caso de las viviendas propiedad de un gran tenedor. El Ejecutivo viene entendiendo por gran propietario "a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2" y a empresas o entidades públicas de vivienda.

El Ministerio recuerda que esta norma entrará en vigor siempre que dicho aplazamiento, o la condonación total o parcial de la deuda, no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. En un principio, el plazo de solicitud para lograr esta prórroga finalizaba el 2 de julio de 2020, se amplió asta el 30 de septiembre, más tarde, de nuevo, hasta el 31 de enero de 2021, "y ahora la propuesta es ampliarlo hasta la finalización del actual estado de alarma".

Si este acuerdo no se hubiese producido, el propietario podrá optar a una reducción del 50% de la deuda, con un máximo en todo caso de cuatro meses, o una moratoria en el pago de la renta, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. En el último caso, la deuda se aplazará mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, sin ningún tipo de interés a pagar por parte del inquilino.

Moratoria hipotecaria

En materia de vivienda, el Gobierno ampliará también el plazo para solicitar las moratorias hipotecarias y de créditos al consumo hasta el próximo 31 de marzo, si bien este último punto aún tiene que perfilarse y no es seguro que llegue al Consejo de Ministros de mañana, explican desde el Ministerio de Economía.

"Aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo en línea con el marco europeo recientemente aprobado", explicó la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en un encuentro previo a la reunión del Eurogrupo.

En septiembre, el Consejo de Ministros prorrogó hasta el 31 de enero la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda durante seis meses para evitar subidas "abusivas" y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Sin embargo, el Gobierno no amplió la duración de la moratoria hipotecaria, una de las medidas más relevantes del llamado escudo social, que se pudo solicitar hasta el 29 de septiembre.

Hasta el momento, según los datos oficiales actualizados este lunes por el Banco de España, cerca de 220.000 personas se han beneficiado de la moratoria hipotecaria impulsada por el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria, a las que les suman otras casi 795.000 que no cumplían los requisitos marcados por el Ejecutivo y que tuvieron que recurrir a las moratorias sectoriales impulsadas por las entidades privadas. Se le añaden, por último, otras 363.000 personas que se han acogido a la moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.