El Gobierno abre una inspección de seguridad en la AP-9, gestionada por Audasa

El ministerio afirma que "no comparte" la información tarifaria que está transmitiendo la concesionaria de la autopista gallega

La concesionaria de la autopista del Atlántico (AP-9), Audasa, se ha llevado un revolcón por parte del Ministerio de Transportes tras sacar a relucir ayer los índices de seguridad de la infraestructura y asegurar que sus tarifas están por debajo del peaje medio en las autopistas españolas.

Tras días en los que se venía especulando sobre informes en manos del Gobierno que detectaban deficiencias en la AP-9, Audasa emitió ayer un comunicado en el que aseveraba que la autopista que enlaza Tui con Ferrol había vuelto a mejorar en 2020 sus índices de seguridad, “consolidándose entre las autopistas más seguras de España en los últimos 17 años”.

La concesionaria del grupo Itínere incidió en que tiene 114 profesionales, casi la mitad de su plantilla, trabajando a diario para mejorar la seguridad en la circulación. Y añadió que la infraestructura se somete periódicamente a una auditoría independiente sobre sus sistemas de información geográfica, gestión sistemática del mantenimiento, gestión sistemática de puentes y de firmes.

La reacción ministerial ha sido automática: se ha abierto una inspección sobre la seguridad vial en los 220 kilómetros de la principal autopista gallega, “que se desarrollará e incluirá todos los aspectos de la infraestructura y de la que podrán identificarse elementos susceptibles de mejora y derivarse, en su caso, actuaciones para su corrección preventivamente”, explica Transportes a través de un comunicado.

El departamento que dirige José Luis Ábalos reconoce que la AP-9 está “entre las autopistas más seguras de España sobre la base de sus datos de accidentalidad”. Y añade que la posibilidad de fallecer en un accidente en esa vía es “muy inferior” al del conjunto de carreteras estatales. Pero también aclara que la Dirección General de Carreteras debe realizar estas inspecciones de forma periódica para detectar problemas y elementos susceptibles de mejora.

“De ahí que, para comprobar que las condiciones de seguridad actuales en la AP-9 siguen siendo adecuadas, dentro de las labores de Inspección que se vienen realizando a lo largo del contrato concesional, se ha ordenado esta inspección específica”.

Según datos ofrecidos por la concesionaria, los últimos índices de peligrosidad sitúan a la Autopista del Atlántico en 4,42 accidentes con víctimas por cada 100 millones de vehículos-kilómetro, lo que está un 4,5% por debajo del resto de las 26 autopistas de peaje del Estado y las diez autopistas autonómicas de peaje que operan en España. También está un 19% por debajo en el índice de mortalidad, con 0,13 víctimas por cada 100 millones de vehículos-kilómetro.

Polémica tarifaria

El Ministerio también ha puesto hoy de manifiesto que “no comparte” la información ofrecida por Audasa en relación con las tarifas de la AP-9. Señala que los datos de la empresa “no se corresponden con el análisis de precios realizado por este Ministerio”, que trabaja en la actualidad en la elaboración de un Real Decreto que va a incluir bonificaciones en esta autopista y que reducirá las tarifas medias y los costes de los usuarios de la AP-9.

Audasa señaló en su nota de ayer que sus peajes para 2021 estaban un 0,7% por debajo de la media en España, atribuyendo el cálculo al último análisis de precios realizado por el ministerio de Ábalos. La AP-9 “presenta un precio medio por kilómetro de 10,87 céntimos de euro, frente al peaje medio de 10,95 céntimos de euro por kilómetro de la red española de autopistas del Estado”, subrayó la concesionaria.

La empresa también habló de descuentos de hasta el 100% en el viaje de vuelta, “lo que sitúa el precio medio para la mayoría de los conductores en 2021 en 9 céntimos de euro por kilómetro, un 18% más bajo que la media española”.

Esta polémica salta a los medios unos días después de que el secretario general de Infraestructuras, el gallego Sergio Vázquez, anunciara que habrá descuentos en la AP-9 hasta el final de la concesión, en 2048. El número 3 del Ministerio avanzó que el decreto de las bonificaciones debería estar en este primer semestre. La compensación saldrá de recursos públicos y se tratará, según señaló en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, de compensar a los viajeros recurrentes.

La concesión de la AP-9 pasó de 2023 a 2048 para sufragar su ampliación y distinats reformas en el viaducto de Rande, en el entorno de Vigo, también han supuesto subidas trarifarias. Una circunstancia que tiene en pie de guerra a la opinió pública gallega mientras decaen algunos peajes en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía.