Trabajo a distancia

Los sindicatos alemanes piden que el teletrabajo sea un derecho del empleado en pandemia

La Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), la mayor central del país con seis millones de afiliados, pide sanciones por ley a las empresas que no lo ofrezcan

Teletrabajadora.
Teletrabajadora.

La Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB), la mayor organización sindical del país, reclama que se establezca por ley el derecho al teletrabajo durante la pandemia y que se sancione a las empresas que no lo ofrezcan a su plantilla.

"Ahí donde es posible, debe garantizarse ese derecho laboral al trabajador", indicó el presidente de la DGB, Reiner Hoffmann, en declaraciones al diario "Süddeutsche Zeitung".

La fórmula del teletrabajo no puede estar sujeta a la "buena voluntad" del empresario, como en la práctica sucede ahora, afirma Hoffmann, sino que debe quedar debidamente regulada.

La pandemia ha colocado a los trabajadores ante situaciones "extenuantes", afirma, sea porque se han visto empujados a trabajar sin las debidas garantías, por miedo a perder su puesto, o porque no se les ha facilitado el trabajo desde casa.

El teletrabajo debe ser una "opción" aceptada --no impuesta-- por el empleado, insiste Hoffmann, quien reclama asimismo mejoras en la fórmula del "Kurzarbeit" --como se denomina en Alemania a los ERTE combinados con formación--, para evitar despidos masivos.

Se estima que unos 10,5 millones de personas trabajan de forma regular desde sus casas, uno de cada cuatro ciudadanos laboralmente activos, según datos de la televisión pública ARD relativos a diciembre, cuando antes de la pandemia apenas lo hacía un 3%.

La DGB, con unos seis millones de afiliados, reclama del Gobierno alemán una regulación clara del teletrabajo. Hasta ahora, desde el Ejecutivo de la canciller Angela Merkel simplemente se ha "recomendado" encarecidamente que se facilite en los sectores en que sea posible.

El ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, presentó el pasado diciembre una iniciativa destinada a convertirse en propuesta de ley para regular ese derecho de forma permanente, más allá de la situación creada por la pandemia. Sin embargo, topó con el rechazo del bloque conservador de la canciller.

La propuesta de la DGB surge en medio de las duras restricciones a la vida pública y económica por la pandemia. Desde noviembre están cerradas la hostelería, el vida cultural y el ocio nocturno; desde diciembre se paralizó también la vida comercial -con excepción de las tiendas dichas esenciales, como supermercados, farmacias, ortopedias, etcétera.

Estas restricciones se preveían en principio hasta el 10 de enero, pero la canciller Merkel y los líderes regionales decidieron prolongarlas hasta al menos finales de mes, en un intento por contener los contagios, que han marcado sucesivos récords.

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