Un plan de choque a medida que frene el hundimiento del turismo español

Tras cerrar un año catastrófico, la industria afronta ahora la llegada de la tercera ola del coronavirus

El sector turístico español vive una crisis de una gravedad y dimensiones no vistas con anterioridad. El mercado del ocio es probablemente el sector más castigado por las medidas de restricción adoptadas por los Gobiernos para luchar contra la pandemia del coronavirus. Un calvario que en España empezó en marzo, con la clausura de todos los negocios, incluida la planta hotelera, y que desde entonces ha ido acusando las distintas limitaciones a la movilidad decretadas por las comunidades autónomas, así como las cuarentenas impuestas por países como Reino Unido, Alemania o Francia, los primeros emisores de turismo para nuestro país. Tras cerrar un año catastrófico, la industria afronta ahora la llegada de la tercera ola del coronavirus, cuyo control exigirá previsiblemente más cierres y más confinamientos y que augura un horizonte de profunda oscuridad para el sector.

La medida de hasta qué punto el turismo ha sido golpeado por la crisis la dan, por ejemplo, las cifras de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). España cerró 2020 con 755.613 trabajadores en esa situación, de los cuales el 58% corresponde a actividades turísticas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre enero y octubre de 2020, el país perdió 61 millones de turistas, destruyó más de 300.000 puestos de trabajo en el conjunto del año y dejó de ingresar 55.000 millones en divisas procedentes del turismo extranjero.

Desde la patronal Exceltur, donde se augura otro año perdido al que hay que unir una crisis de transporte que puede extenderse incluso hasta 2023, se califican las medidas de ayuda del Gobierno como una “tirita” cuando de lo que se trata es de taponar una hemorragia. El sector reclama con razón que el Ejecutivo vaya más allá de medidas centradas en aportar liquidez, como los créditos ICO –que permiten sobrevivir a las empresas, pero elevan el endeudamiento–, y apruebe un plan de choque centrado en evitar la insolvencia, con ayudas directas en función de la situación de cada empresa y expedientes temporales de regulación de empleo cuyas condiciones se adapten a las peculiaridades de esta actividad.

El Gobierno ha apostado por la aprobación de medidas generales de apoyo a las empresas, con sus correspondientes prórrogas, pero parece incapaz de diseñar planes de choque sectoriales capaces de evitar que una industria como la turística, la primera del país, se resquebraje y arrastre consigo a miles de pequeñas empresas y miles de puestos de trabajo en una factura injustificable que España y su economía no pueden permitirse pagar.