Calviño concede una bula a la banca británica para operar en España pese al Brexit
Las entidades pueden mantener sus servicios actuales hasta julio pero no ampliarlos
No ha habido un gran acuerdo general entre la UE y Reino Unido respecto a los servicios financieros. Pero el club de los 27 sí permite que se concedan permisos de gracia por parte de cada uno de los países. Ha sido sobre la bocina, pero el Ministerio de Economía ha publicado una norma que permite a los intermediarios británicos que hasta ahora operaban en España con su pasaporte comunitario seguir prestando servicios hasta el 30 de junio, según publica hoy el BOE.
Así, los contratos de prestación de servicios bancarios, de valores, de seguros u otros servicios financieros con una entidad domiciliada en el Reino Unido mantendrán su vigencia. Sin embargo, no podrán ampliar sus servicios. En otras palabras, no podrán captar clientes ni ofrecerles más productos a los que ya tienen. El objetivo es que finalicen o cedan de manera ordenada estas actividades. Y, como es obvio, la eventual cesión tendrá que hacerse a entidades autorizadas para prestar servicios en España. Es decir, a través de una filial registrada en la CNMV o con un pasaporte comunitario válido de alguno de los 27 países del club.
Así, los intermediarios deberán obtener nueva autorización para los siguientes cuatro casos. Primero, para la renovación de contratos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2021; segundo, para la introducción de modificaciones en los contratos suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2021, que supongan la prestación de nuevos servicios en España o que afecten a obligaciones esenciales de las partes; tercero, para aquellos supuestos en los que las actividades vinculadas a la gestión de los contratos requieran autorización; y cuarto, para la celebración de nuevos contratos.
Para las entidades aseguradoras, el periodo se podrá extender hasta finales de 2022 "a fin de que puedan gestionar las carteras existentes de contratos de seguro en proceso de finalizar sus actividades, siempre que la entidad aseguradora aporte un plan de contingencia y que se autorice expresamente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)".
El Banco de España, la CNMV y la DGSFP son los supervisores correspondientes, que podrán requerir a las entidades financieras del Reino Unido para que aporten cualquier documentación o información o para que realicen las actuaciones necesarias.
Si los requerimientos no se atendieran satisfactoriamente, dentro del plazo requerido, las autoridades supervisoras podrán también dejar sin efecto la vigencia provisional de la autorización o registro. "En este supuesto, se comunicará a la entidad afectada que está llevando a cabo una actividad reservada sin autorización y que queda sujeta al régimen sancionador de la normativa española aplicable en caso de ejercicio sin autorización de actividades reservadas", señalan desde la firma especializada en asesoramiento financiero finReg.
El Banco de España, la CNMV y la DDGSFP tomarán cuantas medidas sean pertinentes para garantizar la seguridad jurídica y para salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios financieros que pudieran verse afectados por la salida del Reino Unido de la UE, señala el BOE.
Preparación
Desde hace tiempo las entidades financieras han desplegado sus planes de contingencia. Bancos de inversión como Citi, Morgan Stanley y Nomura o gestoras como Pimco, que operaban en España con filiales británicas, lo hacen ahora con sociedades alemanas o irlandesas.
La fórmula del pasaporte europeo en los mercados financieros funciona desde 1993, y la primera edición de la directiva Mifid de 2007 simplificó al máximo la operativa europea. Así, el intermediario puede operar directamente desde sus oficinas en otro país europeo o abrir una sucursal que dependa de su central en la UE. Las firmas británicas sin autorización en la UE han perdido este pasaporte, pese al periodo transitario de último minuto que ha decretado España.
