El Gobierno emitirá deuda pública para pagar a los bancos la indemnización del Castor
Serán 638 millones de euros para compensar al Santander, Caixabank y Bankia
El Gobierno va a recurrir a la emisión de deuda pública en un importe de 638 millones de euros para compensar al Santander, Caixabank y Bankia por el dinero que adelantaron a Enagás para que hiciera frente a la indemnización por el cierre del almacén de gas 'Castor', cuando fue clausurado en el 2014.
La decisión la adoptó el Consejo de Ministros ayer a través de un real decreto publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde explica que "se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes" para financiar la compensación estipulada en fallo judicial.
El Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de octubre que el Estado debe pagar 1.350 millones de euros a los tres bancos después de que facilitasen dicha cuantía para permitir la clausura de la instalación gasista, estimando así parcialmente la reclamación de responsabilidad planteada ante el Gobierno por las entidades en el año 2018.
El Santander, Bankia y Caixabank aportaron, en concreto, los fondos a Enagás, concesionaria de la plataforma, cuando se hizo cargo de la gestión que tenía hasta entonces la empresa constructora Escal, participada por ACS, a cambio de cobrar el importe al Erario en un plazo de 30 años. La situación se judicializó cuando la norma que amparaba dichos abonos se cambió, dejando en un vacío el derecho de los cobros.
En su origen la construcción de la instalación se otorgó a Escal UGS, contemplando la compensación a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, "siempre que estas continuaran operativas", según detalla el Real decreto publicado en el BOE.
Cuando entró en funcionamiento en el año 2013 y al inyectarle el gas que debía almacenar se produjeron varios terremotos que se asociaron a las instalaciones y movieron al Gobierno a decidir su discontinuidad, provocando que la constructora reclamase.
Se abrió la opción de transferirlo y en el 2014 Enagás se hizo cargo de las instalaciones a cambio de los derechos de cobro, tras abonar en aquel momento los 1.350,73 millones en inversiones realizadas por Escal, un dinero que posteriormente le adelantarían los bancos para para facilitar el cierre del almacén submarino de gas.
Tras el fallo del Supremo, el Gobierno va a proceder a su devolución a las entidades a través del Ministerio de Hacienda. A dicha cantidad habría, en su caso, que sumar los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente