Las decisiones de política económica tienen que ser claras y predecibles
La defensa de una nueva subida del salario mínimo cuando la economía está más muerta que viva tiene justificación complicada
La decisión del Consejo de Ministros sobre el comportamiento que debe tener el salario mínimo interprofesional en 2021, de la que se desconoce si es definitiva o no, trata de satisfacer salomónicamente a las dos sensibilidades del Gobierno que han pugnado en esta materia en las últimas semanas. No habrá subida en enero, en lo que parece ser una victoria de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, pero tiene toda la pinta de que la habrá en julio, como victoria final del vicepresidente de Asuntos Sociales. El presidente del Gobierno habría optado por respaldar las posiciones de Nadia Calviño en un asunto en el que la responsable de la política económica ha hecho una apuesta explícita en defensa de su fuero, pero deja abierta la puerta a rescatar las revisiones semestrales propias de los primeros años de la restauración democrática, cuando las tasas de inflación eran de doble dígito y las pérdidas de poder de compra se producían cada mes, para evitar que la oposición de Iglesias vaya a más.
La defensa de una nueva subida del salario mínimo cuando la economía está más muerta que viva y con más escasas posibilidades de encontrar empleo a los colectivos de los deciles más modestos de la escala salarial tiene justificación complicada, máxime cuando en los dos últimos años la elevación del umbral de entrada en el mercado de trabajo ha superado el 30%. Pero tiene también deficiencias el discurso de Economía de que la congelación del SMI es compatible con subir el sueldo a los funcionarios más de un 1,5% real, puesto que si el pagador del SMI tiene dificultades financieras, no menores son las del pagador público. Si la primera medida daña el empleo, la segunda deteriora las finanzas públicas más estresadas de la democracia, que deberán volver a valores gobernables más pronto que tarde, por mucha anestesia que administre el BCE comprando deuda a espuertas y expandiendo los tipos cero.
La corriente de Podemos del Gobierno, como si de la oposición se tratase, ha expandido y agitado el debate económico en defensa de decisiones sociales de complicada financiación y encaje jurídico, que no hacen otra cosa que retrasar la confianza de los agentes económicos en la recuperación de la economía. Pero los responsables económicos del Ejecutivo deben hacer valer su criterio de rigor y enviar mensajes claros del compromiso con el control del gasto público, del déficit y de la deuda, así como con las reformas económicas que contribuyan a ello (en pensiones y en función pública sobre todo), y que incrementen el crecimiento potencial del la economía, que es la única palanca que resolverá, aunque no sea de un día para otro, los problemas del empleo y del erario público. Lo pide Bruselas, lo exigen los financiadores, lo necesitan los agentes económicos.