El Brexit o la historia interminable

Es paradójico que a día de hoy el principal escollo de las negociaciones sea el sector pesquero, que tiene muy poco peso en el PIB del Reino Unido

El desenlace definitivo del Brexit deberá esperar. Este pasado lunes, 21 de diciembre, a las 00.00 horas, finalizaba el plazo anunciado por el Parlamento Europeo para tramitar un acuerdo negociado que pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero. Sin embargo, después de la incapacidad mostrada por ambas partes para alcanzar un pacto aun en el último minuto, la UE y el Reino Unido se han emplazado a continuar negociando en los próximos días dejando a un lado la presión ejercida por fechas límite.

Dadas las circunstancias, no es descartable evitar el tan temido Brexit duro con una conclusión favorable de las negociaciones antes de la medianoche del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el acuerdo provisional que rige actualmente. El problema, en ese caso, radicaría en la inexistencia de un margen temporal suficiente como para que el Parlamento Europeo estudiase, con calma, las condiciones definitivas del acuerdo y procediese a su ratificación para su entrada en vigor antes del 1 enero de 2021. Cierto es que el propio Parlamento Europeo contempla la posibilidad de realizar alguna sesión extraordinaria para cumplir con los plazos, pero, en ningún caso, garantiza su factibilidad.

En el supuesto de que ambas partes recibieran al Año Nuevo sin acuerdo, automáticamente las reglas de la OMC definirían las nuevas relaciones comerciales a ambos lados del canal de la Mancha dificultando, así, el suministro de una cantidad ingente de productos en ambos sentidos (de hecho, en tal caso, incluso el transporte de las vacunas contra el Covid-19 carecería de cobertura legal). Por este motivo, los miniacuerdos sectoriales se antojan como el recurso más plausible ante dicha eventualidad, si bien es cierto que dicho procedimiento añadiría todavía más dificultad a la aplicación práctica de un entramado de preceptos transitorios ya de por sí un tanto enrevesado.

No deja de resultar curioso que, a día de hoy, el principal escollo resida en la política pesquera, habida cuenta del poco peso específico que dicha industria tiene en el PIB británico (apenas un 0,1%). Sin embargo, recuperar la total soberanía en esta materia es vista por los partidarios del Brexit como condición innegociable en aras de consumar una verdadera desconexión con Bruselas. Por eso Londres se mantiene inmóvil en su postura de exigir una cesión del 60% de la cuota de pesca por parte de la UE, mientras que esta ofrece tan solo una renuncia del 25%. Además, con el objetivo de que las empresas del sector puedan ir acomodando sus estrategias, la Unión Europea ha propuesto un periodo provisional de seis años para que la nueva legislación vaya siendo adaptada y asumida por los diferentes actores involucrados. No obstante, y a pesar de que dicho periodo se encuentra en consonancia con el planteado para el resto de industrias, los británicos no están dispuestos a aceptar más de tres años.

Sin duda, sería altamente paradójico y amargamente irónico que las discusiones en un sector económico que reporta un volumen de negocio de 850 y 650 millones de euros al Reino Unido y a la UE, respectivamente, y cuyo punto de discordia afecta a una diferencia de apenas unos 230 millones, diera al traste con un acuerdo global de miles de millones de euros. En este sentido, cada una de las partes juega, además, sus correspondientes bazas efectuando un análisis milimétrico de las fortalezas y debilidades del rival. Valga, como ejemplo, la amenaza de los negociadores europeos quienes, sabedores de que el precio obtenido en los mercados continentales es superior al precio del mercado insular, han advertido al Reino Unido sobre la prohibición de vender productos pesqueros a sus exsocios si estos se vieran obligados a retirar sus flotas de aguas británicas.

No hay duda de que la victoria del Brexit en el referéndum de 2016 se produjo en unas condiciones en las que las decisiones finales de los votantes fueron influenciadas por una gran carga emocional y, desde luego, será difícil el entendimiento si el Reino Unido opta por llevar también las negociaciones a ese terreno. A pesar de que el innegable voluntarismo mostrado por Michel Barnier no siempre haya sido correspondido por su homólogo David Frost, a lo largo de todo el proceso siempre había primado, hasta ahora, un cierto principio de racionalidad que, si bien impelía a ambas partes a defender de manera lógica sus intereses, las instaba también a consensuar una salida pactada bajo el convencimiento del enorme coste que, en términos objetivos, supondría una ruptura desordenada.

En cambio, el efecto que sobre la psicología colectiva nacional puede producir una determinada política tan emblemática como la pesquera para los brexiters (hasta el punto de forzar el punto muerto de las negociaciones en el enésimo tiempo de descuento) vuelve a poner en jaque los intereses económicos de los anglosajones.

Por desgracia, la sensación de que este divorcio se está alargando en exceso resulta inevitable. Hace tiempo que la lucha contra el Covid-19 pasó a ser la prioridad absoluta en la agenda tanto de la Administración Johnson como de la Comisión, y las energías invertidas en la solución de un problema que se convirtió en la mayor preocupación política de la UE antes de la irrupción de la pandemia son percibidas ahora como un lastre que distrae de la consecución de objetivos más urgentes e imperantes.

Mientras tanto, Reino Unido mastica su aislacionismo voluntario en medio de una emergencia sanitaria (con variante de coronavirus incluida) mucho más difícil de digerir cuando uno no se encuentra al amparo bruselense. Es, por ello, por lo que el Brexit solo puede percibirse como el relato de un fracaso y, aunque tarde o temprano esta historia aparentemente interminable llegará a su final, con o sin acuerdo será concebido como la crónica de un desastre anunciado.

José Manuel Muñoz Puigcerver es Profesor de Economía Internacional en la Universidad Nebrija