Puntos de acceso y conexión de renovables: polémica abierta

El Gobierno pretende incluir una nueva condición para que los promotores puedan recuperar los avales de sus solicitudes

El pasado 17 de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó el Proyecto de Real Decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Una norma que pinchó, dicho sea de manera coloquial, la denominada burbuja especulativa que crecía de manera exponencial sobre los puntos de conexión de plantas de energía renovable a la red de suministro.
Desde hace dos años, España registra una gran actividad en el sector de las energías renovables, motivada por la evolución del mercado y el impulso llevado a cabo por las autoridades, lo que ha producido un efecto llamada a la inversión, tanto nacional como internacional. Inversores que en la actualidad disponen de abundante liquidez gracias a tipos de interés en mínimos que se observan en los mercados desde hace años.

La evolución en ese sentido ha sido y es importante, a la par que llamativa; baste señalar que el Ministerio de Transición Ecológica ha ido recibiendo un excepcional número de peticiones para la conexión de nuevas plantas de energías limpias al sistema. A 31 de octubre de este año la cifra de nuevas plantas de renovables (eólica y fotovoltaica) con derechos de acceso concedidos ascendía a 121,7 GW, según datos de Red Eléctrica; otros 47,6 GW estaban en tramitación. Este volumen supone más que duplicar las necesidades de abastecimiento en España en la próxima década.

Sin duda, la política llevada a cabo por este Gobierno dará un gran impulso al sector renovable, pero ¿se podrá absorber semejante sobrecapacidad? El Ejecutivo tomó una decisión adecuada en junio al ofrecer la ocasión a los promotores de retirarse y recuperar los fondos que entregaron como avales en la solicitud de puntos de acceso. De este modo, se logró la cancelación de proyectos por una capacidad equivalente a 40 GW.

El Ministerio, y el Ejecutivo en su conjunto, se han marcado como objetivo prioritario que nuestro país alcance la neutralidad climática, cero emisiones de gases de efecto invernadero, en 2050. Un objetivo en consonancia con el compromiso alcanzado con la Unión Europea y cuyas líneas maestras de actuación vienen recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Una de sus vías de actuación consiste, por ejemplo, en conseguir que la energía fotovoltaica duplique en los próximos diez años la instalada en 2020, pasando de 35.000 MW a 70.000 MW. Progresión similar con la eólica. Un buen escenario a simple vista para el sector que se ha convertido en poco tiempo en un apetitoso bocado para inversores institucionales, sobre todo foráneos, y ha estimulado la reconversión de empresas energéticas, como las grandes petroleras, que ahora se visten de verde y muestran su firme compromiso con las energías limpias. Ibox Energy, por ejemplo, es una empresa fotovoltaica con 1,2 GW de capacidad repartidos en más de 50 proyectos en desarrollo por la práctica totalidad del territorio nacional.

El PNIEC plantea unas metas que, de lograrse en su totalidad, contribuirán de forma evidente al crecimiento económico sostenible de España. Sin embargo, y para su mejor desarrollo, sería conveniente que las autoridades resolvieran ciertas incógnitas y acabar con un debate trufado de polémica y confusión, a la vez que sensación de poca transparencia a la hora de llevar dicho Plan a la práctica. Me refiero a los puntos de acceso y conexión, cuya nueva normativa el Gobierno está a punto de aprobar. A fin de cuentas, los proyectos fotovoltaicos tienen tres fases clave: búsqueda de terrenos adecuados para el desarrollo de las correspondientes plantas cercanos a un punto de conexión, financiación y posibilidad de acceso.

Nuevos requisitos

Lo que sabemos hasta ahora es que el Proyecto de Real Decreto sobre acceso y conexión a la red de suministro y transporte añade una nueva condición para la admisión de retirada de avales: que la solicitud se presente en nudos en los que la capacidad de acceso existente otorgable sea nula (en las plataformas electrónicas a habilitar por los gestores de red).

En esos casos se establece que procederá únicamente la devolución del 80% del total de la garantía presentada, incautándose el resto. Solo se podrá recuperar el 100% si el solicitante acredita que el día de constitución de la garantía en la plataforma web del gestor de la red correspondiente constase a las 8 de la mañana la existencia de capacidad que pueda ser concedida.

De aprobarse dicha medida de manera definitiva, amén de crear un agravio comparativo arbitrario, obligaría en la práctica a los desarrolladores a asumir una penalización injusta que sin duda repercutirá en su cuenta de resultados y en el interés por acometer nuevos proyectos. Acaso se pretende desincentivar la inversión de los grupos de tipo medio. Además, cabe preguntar: ¿dónde están los 40 GW que se han descolgado en dichos puntos al no poder demostrar que, finalmente, llevarán a cabo la construcción de plantas?

Es fundamental que el crecimiento de las renovables en España sea ordenado y transparente para un sector que ya cuenta con un importante respaldo industrial, sin trabas ni ordenamientos que solo contribuirán a crear desequilibrios y desigualdades.

Debe evitarse la formación de burbujas en este sector, cuyo alto coste ya lo sufrió el mercado español y lo sigue sufriendo en algunos aspectos. Es exigible, por tanto, una seria reflexión por parte del Ministerio si de verdad quiere impulsar de forma sana y competitiva el desarrollo de las renovables.

Lamberto Camacho es consejero de Ibox Energy