El Gobierno obliga a las energéticas a pagar 7.000 millones al año por las renovables
Dejarán de recaer sobre el consumidor, que ahorrará un 13% en la factura de la luz en cinco años
El Gobierno ha sorprendido este martes con un rediseño del actual sistema energético, creado en 2012 por el Ejecutivo del PP. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables.
En concreto, el fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), que ascienden a unos 7.000 millones de euros al año, correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo.
Bajo el sistema actual, la aportación recae directamente sobre los consumidores finales, pero ahora los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo serán los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores. Según un primer cálculo de Transición Ecológica, habrá entre 500 y 1.000 compañías afectadas.
Ahora entran en cuestión si las empresas trasladarán dicho coste a los clientes por otra vía, aunque se arriesgarían a perder cuota de mercado. Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas. De este modo, el objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación, como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Según los volúmenes de venta actuales, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros).
La cartera que dirige Teresa Ribera ha explicado que la creación del fondo tiene un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
Por su parte, la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo que sin la eliminación progresiva de este coste fijo, los consumidores afrontarían una subida de la factura del 10%.
Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.
Entre estas exenciones figuran el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
En las bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores figuran el gasóleo de usos profesionales y la industria electrointensiva o la consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de ‘fuga de carbono’.
Calendario de implantación
Cinco años. El fondo, que estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica. El objetivo es que ese trasvase del importe de la retribución a las renovables sea proporcional, siendo el primer año del 20%, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% al quinto ejercicio.
Plan de Recuperación. Igualmente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación. Dicho plan prevé inversiones en transición energética e integración de renovables en hogares y empresas para facilitar esta transformación en todo el territorio. Se activarán con carácter prioritario, desde principios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes.