El nivel de empleo de 2007, previo a la crisis financiera, no se recuperará hasta 2026
El economista Josep Oliver alerta de que, tras la segunda ola de la pandemia, ya hay 1,5 millones de jóvenes parados de los que solo 300.000 tienen estudios superiores
Llueve sobre mojado. Cuando España no había logrado recuperar el número de ocupados que tenía en 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera mundial, ha explotado otra crisis, aún más global, que ha provocado en menos de dos trimestres un hundimiento aún mayor del mercado laboral.
Según la ocupación medida por la encuesta de población activa (EPA), en la anterior crisis financiera, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo trimestre de 2013 se destruyó anualmente el 3,1% del empleo de media. Mientras que la destrucción anualizada por el impacto del Covid en este año llegará al 3,5%. Así lo destaca una nueva edición del Índice ManpowerGroup, que elabora el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver y su equipo.
Si bien, este experto, como hizo recientemente el Banco de España, explicó ayer que a la hora de analizar el shock del Covid en el empleo debe tomarse como indicador, más que la ocupación, el número de horas realizadas, para eliminar el efecto de los trabajadores en ERTE, que se consideran ocupados pero tienen su empleo suspendido total o parcialmente. En ese caso, la actual crisis también ha registrado un récord, con un desplome del 25% de las horas trabajadas en el segundo trimestre.
Así, cuando estalló la pandemia, el mercado laboral español aún estaba a cuatro puntos porcentuales de recuperar el nivel de empleo de 2007 y ahora la afiliación acumula una caída del empleo de entorno al 2% desde marzo.
Además, la situación actual tiene algunas características que llevan a los expertos que han realizado este trabajo a calcular que la economía española vaya a tardar alrededor de seis años, hasta 2026, en volver a los niveles de empleo que tenía a mediados de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera que arrancó en 2008. Estimando para eso aumentos medios del empleo del 2% anual, tal y como prevé la Comisión Europea para España hasta 2022.
Entre estas características que dificultan la recuperación, Oliver destacó la elevada incertidumbre acerca de la duración de la crisis, que dependerá de la evolución de la emergencia sanitaria; el hecho de que el dinero europeo del fondo SURE para financiar los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vaya a durar, en su opinión, solo hasta abril o mayo; y que no se puede esperar que el resto de fondos europeos para la reestructuración del tejido productivo se emplee en otro tipo de ayudas.
Además, sus datos reflejan que hay dos colectivos notablemente más dañados por la crisis de la pandemia: los jóvenes y las pymes.
Entre los primeros destaca que entre febrero y octubre de este año las pérdidas de afiliados se concentran prácticamente en su totalidad en los más jóvenes en términos netos. De esta forma, frente a la contracción del -4,9% de la afiliación de los menores de 35 años (-233.000 afiliados menos), la reducción de aquellos con 35 y más es prácticamente nula (-26.000 en total).
Jóvenes sin cualificar
Esto deja, según llamó la atención Oliver, la existencia de 1,5 millones de jóvenes parados, de los que solo 300.000 tienen estudios superiores, por lo que apuntó que el Gobierno debería destinar parte de los fondos europeos a un gran programa de recualificación de este colectivo.
Por el lado de las pymes, mostró su preocupación por los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre que indican que la falta de liquidez hace que el 40% del empleo de las pymes del sector de alojamientos y comidas esté en riesgo; o el 31% del trabajo de las pequeñas empresas del ocio o el 17% del comercio.
Ante este elevado riesgo, Oliver consideró que el Gobierno debería cambiar su estrategia de ayudas a las pymes, ya que aunque los créditos ICO han servido para un primer momento, ahora debería reconvertir esta financiación en ayudas directas.
En este sentido el presidente de la Cámara de Comercio, donde se presentó este indicador, José Luis Bonet, también abogó por una mayor flexibilidad en los impuestos. “Al Gobierno le falta contundencia en el terreno fiscal; no se puede cobrar impuestos a la actividad económica si no existe esa actividad o exigir que se pague el IBI de un hotel cerrado”.
Mientras que el presidente de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, pidió una mayor colaboración público-privada en la salida de la crisis porque, de lo contrario, manifestó sus dudas sobre la eficiencia y la rapidez necesaria en la ejecución de los fondos europeos.
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