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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La dificultad del acceso a la vivienda no se supera con intervencionismo

España precisa de una política seria en materia de alquileres, con una dotación presupuestaria suficiente y con mecanismos eficaces dirigidos al aumento de la oferta

CINCO DÍAS

Resolver definitivamente la cuestión de la vivienda en un país con un serio problema de vivienda es el sueño de cualquier gobernante y la mejor garantía de éxito entre el electorado. La realidad, sin embargo, es que diseñar una política eficaz de vivienda constituye una tarea compleja que no se realiza en dos días, sino que exige una planificación a largo plazo que tenga en cuenta los múltiples factores que operan en el mercado, los mecanismos que intervienen en la formación de los precios y el efecto que pueden tener los distintos estímulos o ayudas públicas, además de contar con una financiación presupuestaria suficiente y sostenible en el tiempo. Como señaló ayer el colectivo de economistas en un documento que destila realismo y claridad, “no hay soluciones mágicas ni simples al problema de la accesibilidad de la vivienda como algunas propuestas populistas parecen sugerir”, en alusión a la posibilidad de que el Gobierno habilite finalmente por ley a autonomías y ayuntamientos para que puedan limitar temporalmente los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

La experiencia demuestra que el problema de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, no se resuelve con meras respuestas ideológicas ni recuperando viejas políticas de intervención, especialmente en un mercado como el español, que en los últimos años ha comenzado a dejar atrás los efectos distorsionadores que produjeron durante décadas los incentivos fiscales a la compraventa de vivienda de protección oficial y la vigencia del control estatal de arrendamientos hasta 1994. La limitación de los precios en el mercado de alquiler, aunque se trate de una limitación temporal, constituye una medida intervencionista cuyo efecto puede reducir la oferta en el sector y acabar produciendo un efecto contrario al que quiere evitar. Supone, además, como señala acertadamente el informe del colegio de economistas, trasladar al sector privado la solución de un problema perpetuado por la ineficacia, escasez de financiación y mala planificación de las políticas públicas, así como sembrar inseguridad jurídica en un mercado fuertemente condicionado por el riesgo.

España precisa de una política seria en materia de alquileres, con una dotación presupuestaria suficiente y con mecanismos eficaces y bien diseñados dirigidos a facilitar el aumento de la oferta, tanto privada como pública, como única fórmula efectiva para rebajar los precios del mercado y reducir los obstáculos de acceso a la vivienda.

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