Infraestructuras

Transportes anuncia que no pagará ni un euro a los fondos por el rescate de la Radial 4

La RPA reconocida es de 174 millones, pero se minora en 375 millones por expropiaciones aún pendientes

Autopista Radial 4 de Madrid.
Autopista Radial 4 de Madrid.

El Ministerio de Transportes (Mitma) ha hecho público esta tarde el precio, en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), del rescate de la autopista Radial 4 (R4): ni más ni menos que cero euros.

Es más, la liquidación resulta algo más de 200 millones en negativo para los acreedores de esa concesión, que son fondos oportunistas que se hicieron con la deuda bancaria tras la entrada de la R4 en concurso de acreedores. La quiebra se esta concesión, que estaba controlada por Sacyr, Cintra y Caja Castilla La Mancha, se produjo en septiembre de 2012 con una deuda de 575 millones.

El departamento que lidera José Luis Ábalos ha iniciado el trámite de audiencia de la liquidación provisional de la RPA, la cuarta concesión para la que comienza esta fase una vez que el Consejo de Ministros aprobó, el 26 de abril de 2019, el “Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)”.

El trámite de audiencia dará 15 días para las alegaciones. A partir del análisis de las mismas, se dictará la primera resolución de determinación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

La RPA reconocida es de 174 millones. Se trata del resultado de sumar los 454,2 millones de RPA por obras y los 72,8 millones de RPA por expropiaciones, y de descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la “perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad”, así como las indemnizaciones pagadas ya por la Administración a los expropiados para la construcción de esta autopista madrileña. Esto es restar 115,7 millones y 237,3 millones de euros, respectivamente.

Una vez determinada la RPA reconocida, de los citados 174 millones, la Administración va  a retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, esencialmente expropiaciones por pagar, cifra que alcanza los 375, 9 millones de euros.

Bajo los criterios que está siguiendo el Gobierno en el rescate de las autopistas quebradas durante la anterior crisis, el importe a retener supera a la propia RPA reconocida, por lo que el Mitma abonará cero euros y el importe es negativo para los acreedores en 201,9 millones.

Desde el Ministerio se explica que “los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida”. El acuerdo de interpretación de la RPA establece que un año después de que se dicte la primera solución se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este periodo, como es el pago de expropiaciones.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos EFE

Las autopistas que quebraron durante la crisis financiera fueron la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

La primera en ver publicada su RPA fue la M-12, con cero euros. A la AP-36 le correspondieron 318 millones, un 35% por debajo de lo previsto. Los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas recurrieron ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para calcular la responsabilidad patrimonial de Estado.

Estos acreedores calculaban en 4.500 millones la factura que debía asumir el Estado por la reversión anticipada de las concesiones ante el derrumbe del tráfico o los sobrecostes por expropiaciones. Pero el Gobierno calculó las indemnizaciones en no más de 1.800 millones y está publicando RPAs muy adversas a los tenedores de la deuda.

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